viernes, 25 de enero de 2013

Un caso que sigue abierto después de cuatro años

Casi cuatro años después de la desaparición y muerte de Rocío Wanninkhof, el caso sigue abierto y pendiente de juicio. La joven de 19 años desapareció a las 21.50 del 9 de octubre de 1999, cuando se dirigía a su casa en La Cala de Mijas (Málaga), para arreglarse porque pensaba ir con su novio a la feria de vecina localidad de Fuengirola. Un charco de sangre a 300 metros de su casa y sus zapatillas de deportes señalaban el lugar de la agresión.

El cadáver no se encontró hasta 24 días después en un lugar del municipio de Marbella a unos 30 kilómetros de La Cala, con ocho puñaladas en la espalda y dos en el pecho. El cuerpo estaba desnudo y esqueletizado, un proceso de deterioro en el que se tarda seis meses. Las autopsias determinaron que murió el mismo día de su desaparición y que no había sufrido agresión sexual. Fue enterrada el 21 de noviembre en Arroyo de Ojanco (Jaén), el pueblo de origen de su madre, Alicia Hornos.

El 7 de octubre de 2000, en la Cala, fue detenida Dolores Vázquez, que había sido compañera sentimental de Alicia durante 10 años. Se fueron a vivir juntas tras separarse Hornos de su marido, el holandés Willem Wanninkhof, cuando Rocío tenía tres años. Antes de ingresar en prisión dos días después, Dolores Vázquez negó al juez durante 12 horas de interrogatorios haber matado a Rocío. Nunca se movió de esa posición. El grupo de policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil en Málaga estaba convencido de la culpabilidad de Dolores, por el cúmulo de indicios que la incriminaban.

Juicio anulado

En septiembre de 2001 se celebró el juicio con jurado en la Audiencia de Málaga contra Vázquez, que soportó siete horas de interrogatorio sin derrumbarse ni titubear. Sin embargo, el 19 de septiembre el jurado la encontró culpable de asesinato y el juez la condenó a 15 años de prisión y 18 millones de indemnización a la familia de la víctima.

El 1 de febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sentencia y ordenó la celebración de un nuevo juicio, admitiendo un recurso de la defensa que sostenía que hubo un "quebrantamiento de las garantías procesales" de la acusada. El TSJA establecía que ni el veredicto de culpabilidad ni la posterior sentencia del juez estaban "suficientemente motivados". Una semana más tarde, Dolores salió de prisión, donde había permanecido durante 17 meses, tras pagar una fianza de 30.000 euros. Finalmente, el Tribunal Supremo ratificó el pasado 14 de marzo que debía repetirse el juicio, con un nuevo jurado. La fecha prevista para el segundo proceso estaba ya fijada para el 14 de octubre.

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