El jurado amateur

Con el veredicto de culpabilidad de Dolores Vázquez, dictado por el jurado del caso Wanninkhof, han surgido multitud de artículos, cartas e intervenciones en escritos y audiovisuales posicionándose sobre si la acusada es o no culpable. Creo no equivocarme si dijera que la gran mayoría de los sujetos intervinientes en este prolongado debate, al igual que yo, desconocen las actuaciones judiciales, por lo que no dejan de ser meros ejercicios de voluntarismo derivados de impresiones o pareceres recibidos generalmente de forma indirecta, a través de los medios de comunicación.

Resulta curioso observar cómo en todas las voces oídas -incluso algunas de juristas reconocidos- no se atisba una sola crítica a la institución del jurado, su existencia y necesidad en nuestro sistema judicial.

Únicamente podemos excusarnos de ser jurado en los casos taxativos recogidos en la Ley del Jurado. Probablemente sea necesario plantearse si su implantación es un avance del Estado de derecho, un signo de consolidación democrática. ¿Por qué no existe igual aspiración de participación ciudadana en otros sectores esenciales de nuestra sociedad? Nadie ha planteado nunca la intervención de los ciudadanos en la sanidad: no me imagino a un fontanero decidiendo el tratamiento de un enfermo. Tampoco me imagino a una jueza o un sombrerero dando clases de Historia o Física en un colegio.

El hecho de que dictar sentencia requiera unos conocimientos técnicos jurídicos -de los que carecen los miembros del jurado-, no garantiza que un tribunal de jueces vaya a acertar siempre, pero éste al menos está más capacitado teórica, práctica y técnicamente para impartir justicia y, además, lo que es muy importante, es sujeto de responsabilidades en determinados casos.

¿Que responsabilidad recaerá en los miembros del jurado por el tiempo que la señora Vázquez esté de más en la cárcel si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarara su inocencia por una escandalosa falta de pruebas inculpatorias? Sólo dos datos objetivos; la propia madre de la víctima declaró a la prensa que no había una sola prueba física, pero sí contradicciones de la inculpada y el Tribunal ha impuesto una pena en el grado mínimo posible.

La implantación del jurado ha supuesto el desembolso de miles de millones de pesetas en todo el Estado, cuando las carencias de medios humanos y materiales en la justicia vulneran diariamente el derecho de todo ciudadano a una justicia efectiva y sin dilaciones indebidas. Quizá ésta debería ser la primera gran participación de los ciudadanos en la justicia, no el impartirla, sino el recibirla adecuadamente. No se trata de criterios estrictamente economicistas, sino de que es probable que debamos empezar a plantearnos si un bien tan preciado y esencial como la libertad, al igual que la salud o la educación, puede estar sujeto a la decisión de amateurs.