La fiscalía mantiene que el Estado debe responder por de los cinco crímenes de Ferrándiz en Castellón

Juan Salom, el fiscal que instruye el caso de Joaquín Ferrándiz Ventura, presunto autor de la muerte de cinco mujeres, cuyos asesinatos se cometieron en Castellón, reiteró ayer que el Estado debería responder como responsable civil subsidiario, puesto que Ferrándiz se encontraba en libertad condicional cuando ejecutó las muertes. Salom, que entiende que la personación del Estado debe mantenerse en la vía penal y no en la administrativa, apuntó que fue el Estado el que creó el riesgo de dejar a Ferrándiz en libertad condicional y que no le sometió a un control eficaz. El presunto autor de los crímenes fue condenado en noviembre del año 1991 por una agresión sexual. La libertad condicional le llegó en abril de 1995, pocos meses antes de que se iniciara la ola de asesinatos que conmocionó a la sociedad castellonense. Ayer, la sección primera de la Audiencia de Castellón albergó la vista oral del recurso presentado por el abogado del Estado, Manuel Breva, sobre la petición del fiscal, apoyada por el juez, de declarar al Estado responsable civil subsidiario de los crímenes. El fiscal pretende que, si la sentencia es condenatoria, sea el Estado quien pague las indemnizaciones a las familias de las víctimas puesto que Ferrándiz será declarado insolvente. La petición del fiscal para el presunto asesino es de 163 años de prisión y de un total de más de 140 millones de pesetas de indemnización. "En cuatro años nos enteramos únicamente de lo que él quería que nos enteráramos, con lo que fueron cuatro años de pretendida vigilancia", señaló Salom. Los controles a los que fue sometido Joaquín Ferrándiz durante el tiempo que permaneció en libertad condicional fueron los que habitualmente realiza Instituciones Penitenciarias. El presunto asesino en serie de Castellón fue sometido a informes psicológicos que, en todo momento, indicaron su integración en la sociedad y la "normalidad" de su vida. Por su parte, el abogado del Estado se basó, en todo momento, en que el Estado nunca ha sido declarado como responsable civil por la vía penal y que, en cualquier caso, éste sólo debe responder de los delitos cometidos por funcionarios en establecimientos públicos.