Condenado a 69 años el asesino confeso de 5 mujeres en Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón condenó ayer a 69 años de prisión a Joaquín Ferrándiz, de 36 años, autor confeso de la muerte de cinco mujeres entre el 2 de julio de 1995 y el 14 de septiembre de 1996. La sentencia considera cinco delitos de asesinato, uno de asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones por imprudencia. También le condena al pago de casi 130 millones de pesetas en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas. El juez desestimó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El tribunal condena a Ferrándiz a 16 años de prisión por el asesinato de la profesora de inglés Sonia Rubio -a cuyos familiares deberá pagar una indemnización de 30 millones de pesetas- y a 11 años de prisión y al pago de 100 millones de pesetas en concepto de indemnización por cada uno de los asesinatos de Natalia Archelós, Francisca Salas, Mercedes Vélez y Amelia Sandra García.El magistrado desestima una petición del fiscal que señalaba al Estado como responsable civil subsidiario de los delitos porque fueron cometidos durante la libertad condicional del acusado, que había sido encarcelado en 1989 por un delito de violación.

El juez calificó todos los crímenes de asesinato, puesto que Ferrándiz ejecutó a sus víctimas con alevosía y sin ofrecerles posibilidad alguna de defensa. La sentencia establece que Ferrándiz empleó el mismo procedimiento para matar a las cinco mujeres, quienes subieron voluntariamente al vehículo del condenado. El texto explica que Ferrándiz ató las manos de las víctimas cuando se encontraban confiadas para evitar que se resistieran mientras las estrangulaba.

La sentencia asume la atenuante de confesión, pero desestima las de embriaguez y enfermedad mental, aunque admite que Ferrándiz sufre un trastorno de personalidad "que no le impedía gobernarse a sí mismo". El texto señala a Ferrándiz como un psicópata peligroso, pero no le obliga a someterse a tratamiento alguno.

El magistrado ha optado por la menor pena para Ferrándiz, ya que apunta que la contabilidad de las tres cuartas partes de la condena para la concesión de una nueva libertad condicional no se efectuará sobre el total de los 69 años de prisión, sino sobre el máximo de 25 al que limita el Código Penal el cumplimiento efectivo de las condenas. Así, Ferrándiz podría obtener la libertad condicional dentro de 16 años.

Respecto a la psicopatía del condenado, el texto apunta que en 1990, cuando se le concedió la libertad condicional, "no era detectable excepcionalidad alguna que pudiera augurar la peligrosidad extrema que después se hizo patente con la comisión de los hechos". En este sentido, agrega que no es posible "aceptar que se equivocaran en hilera", la psicóloga, los forenses y la psiquiatra que hace nueve años le sometieron a exámenes médicos antes de concederle la libertad condicional.

Sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, el magistrado considera que esta petición "está dotada de singular telegenia a nivel mediático y social por cuanto a todos reconforta la idea de un adecuado resarcimiento". Pero desestima que exista un vínculo especial entre un individuo en libertad condicional y la Administración.

El fiscal del caso, Juan Salom, comentó que la sentencia "se ajusta a la ley pero no a la realidad" e insistió que el Estado debería ser considerado responsable civil subsidiario de los crímenes. Una tesis que también sostiene la letrada de la acusación particular, María Luisa de Miguel. Ambos recurrirán ese aspecto ante el Tribunal Supremo ya que Ferrándiz es insolvente.

La abogada defensora de Ferrándiz, Rosa Edo, lamentó que la sentencia "no establezca un tratamiento [médico] pese a reconocer que se trata de un psicópata y de una persona peligrosa".