martes, 26 de marzo de 2013

La Audiencia de Castellón inicia hoy el juicio al asesino confeso de cinco mujeres


La Audiencia de Castellón inicia hoy el juicio a Joaquín Ferrándiz Ventura, acusado de asesinar a cinco mujeres entre julio de 1995 y septiembre de 1996. Ferrándiz, de 36 años, considerado por la Guardia Civil el mayor asesino en serie de la reciente historia criminológica española, confesó los asesinatos a raíz de su detención en julio de 1998. Entre las víctimas (todas de entre 20 y 30 años y de la provincia de Castellón) figuran tres prostitutas cuyos cadáveres se descubrieron junto a un río cerca de Vila-real. Por las muertes de estas tres mujeres, Mercedes Vélez Ayala, Natalia Archelós Olaria y Francisca Salas León, estuvo procesado y en prisión un camionero al que se exculpó cuando Ferrándiz confesó. La primera víctima del acusado fue la profesora de inglés Sonia Rubio Arrufat, cuyo cuerpo fue hallado en un barranco en Oropesa, y la última Amelia Sandra García Costa, encontrada muerta en una balsa de Onda.Frío y calculador, los peritos y forenses que han analizado su conducta consideran a Ferrándiz un psicópata. El procesado, que hasta su detención trabajaba en una compañía de seguros, se ofreció a varias víctimas, como fue el caso de Sonia Rubio, para llevarlas en coche a casa tras sus salidas nocturnas; luego se desviaba de su camino, las estrangulaba y les rompía la ropa interior con una navaja.

Para el juicio, que ha levantado una gran expectación en Castellón, han sido citados un centenar de testigos y se han establecido medidas de seguridad especiales. El fiscal y las acusaciones particulares piden 163 años de prisión y hasta 140 millones de pesetas de indemnización para los familiares de las víctimas.

El fiscal, además, ha solicitado que se declare responsable civil subsidiario al Estado en caso de condena, ya que Ferrándiz estaba en libertad condicional cuando cometió los cinco crímenes tras cumplir parte de una condena por agresión sexual. La Fiscalía argumenta que no se estableció el debido control o vigilancia sobre Ferrándiz.

En principio, el acusado no tiene previsto contestar a las preguntas de las partes. Su abogada solicita para él 10 años de prisión y que se le someta a un tratamiento médico.

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