El juicio al asesino de cinco mujeres revela que no se investiga a ex convictos por delito sexual

El juicio a Joaquín Ferrándiz Ventura, acusado de asesinar a cinco mujeres, arrancó ayer en la Audiencia de Castellón con la constatación de la escasa vigilancia a la que se somete a condenados por delitos sexuales u homicidios con permisos o en libertad condicional. Dos guardias civiles dejaron entrever que apenas se investigaron las listas de ex convictos en el caso de esta serie de asesinatos, lo que refuerza la postura del fiscal, que considera al Estado responsable civil subsidiario del caso por no vigilar a Ferrándiz, en libertad condicional cuando cometió los crímenes.


El fiscal afirma que la Administración no ejerció correctamente la vigilancia a la que debía estar sometido Ferrándiz al alcanzar la libertad condicional tras una condena por agresión sexual. Su tesis se vio ayer reforzada al dejar constancia dos guardias civiles que declararon ante el tribunal de que prácticamente no se examinan las listas de posibles sospechosos que, por norma, se solicitan a las prisiones cuando se comete algún delito sexual, homicidio o asesinato. Joaquín Ferrándiz, de 35 años, confesó tras su detención el año pasado que había asesinado a cinco mujeres desaparecidas entre julio de 1995 y septiembre de 1996. Cuando se produjo la primera desaparición, la de la profesora de inglés Sonia Rubio, el 2 de julio de 1995, la Guardia Civil solicitó una lista de los presos condenados por agresión sexual u homicidio que se encontraban excarcelados ese mismo día en la provincia de Castellón y las colindantes. Las prisiones de Picassent (Valencia), Tarragona y Castellón remitieron la citada lista. En ella, se encontraba Joaquín Ferrándiz, quien había logrado la libertad condicional hacía tres meses y después de más de cinco años en la cárcel al haber sido condenado por agresión sexual en 1989.

Sin embargo, los análisis de los tratados como "posibles sospechosos" no se efectuaron, según se desprende de las declaraciones de los guardias civiles. Sólo un agente afirmó haber realizado alguna pesquisa entre los condenados por homicidio. En ningún momento se puso en contacto con la comisión de seguimiento encargada de los exámenes psicológicos y la vigilancia tutelada de los condenados en libertad condicional. El propio agente aseguró que no existen unas instrucciones determinadas sobre el examen de estos listados y que, puesto que fue relevado al poco tiempo, ni siquiera acabó el de los homicidas. El testimonio de otro guardia civil fue todavía más elocuente, ya que afirmó que la relación de nombres es tan amplia que, habitualmente, se queda en el cajón de algún despacho.

Los testigos citados ayer fueron los únicos que declararon ante el tribunal, puesto que Joaquín Ferrándiz se acogió a su derecho a no hacerlo. Sí manifestó que no está conforme con el relato de los hechos del fiscal y las acusaciones particulares, que piden por los cinco asesinatos 163 años de prisión y 140 millones de pesetas de indemnización. Luego añadió que acepta el relato de su abogada y cerró su corta intervención: "No voy a contestar a ninguna pregunta más". En el escrito de su defensa se dice, por ejemplo para el caso de Sonia Rubio, que "una sensación de pánico se apoderó de él", que "estaba desesperado" por los gritos de su víctima y que cuando calló, una vez muerta, sintió una "sensación de tranquilidad". Los forenses deberán aclarar en el juicio si Ferrándiz era o no consciente de sus actos.

Sensación de odio

Ante su negativa a declarar, se leyeron los interrogatorios a Ferrándiz tras su detención. En ellos se pone de manifiesto la evolución del acusado, quien comenzó asegurando que le aterraría "la idea de haber matado", luego no recordaba nada y acabó aportando detalles sobre los crímenes. "Me siento aterrorizado", "todo parece un sueño", una "sensación de odio" le dominaba, explicó él mismo.

El procesado permaneció sentado toda la sesión, con los codos apoyados en las piernas. Sólo se levanto para decir que no no iba a declarar y, cuando entró, citada como testigo, la joven que salió con él entre junio y septiembre de 1995, es decir, durante el periodo en el que cometió cuatro de los cinco crímenes. Con ella, Ferrándiz nunca se mostró agresivo, dijo la testigo, que le calificó como un chico "normal y corriente".

Otro de los testimonios aportados ayer fue el de uno de los guardias civiles que participó en el seguimiento a Ferrándiz desde febrero hasta julio de 1998, cuando fue detenido. Las pesquisas se estaban centrando en el procesado a raíz de otro intento de agresión y el seguimiento permitió conocer su forma de actuar. Ferrándiz se ofreció a varias de sus víctimas para llevarlas a casa tras una salida nocturna, luego se desvió de su camino y las estranguló. La Guardia Civil pudo comprobar durante el seguimiento que incluso desinfló la rueda de una posible víctima para que tuviera que pedirle ayuda. El investigador calificó al acusado de "tremendamente cuidadoso", en especial con su vehículo, y "ordenado". También mantuvo que el caso de Sonia Rubio le había "afectado" más que los otros asesinatos y que durante la reconstrucción de los hechos "no vaciló" ni dudó al marcar los lugares en los que fueron encontrados los cadáveres de la profesora; Amelia Sandra García Costa (en una balsa de Onda), y Mercedes Vélez Ayala, Natalia Archelós Olaria y Francisco Salas León, halladas muertas en el llamado camino de Vora-riu, en Vila-real.

El juicio continúa hoy con nuevos testimonios.