El Estado no tendrá que pagar por el asesino múltiple de Castellón

La confirmación del fallo emitido el año pasado por la Audiencia de Castellón aleja a las familias de las víctimas del pago de indemnizaciones estimadas en su momento en 130 millones de pesetas. El condenado es insolvente y el Estado tampoco deberá pagar. A juicio del fiscal del caso, Juan Salvador Salom, el Estado 'no vigiló como debiera al asesino y tenía que haber sido considerado responsable del pago de las compensaciones económicas'.

Una postura que compartía Mara Donay, letrada de una de las víctimas, al lamentar que 'el tribunal no considerara que los servicios penitenciarios fueran negligentes en el periodo el que el condenado disfrutaba de libertad condicional, como demostró la sala'. La abogada afirmó que el tribunal 'debió confirmar la negligencia, aunque luego indicase que no existía base legal para indemnizar por vía penal'. A este rosario de solicitudes en el mismo sentido se unía la abogada defensora de Ferrándiz, Rosa Edo, quien también exigió la responsabilidad del Estado, además de pedir que se contemplase 'la psicopatía' del condenado 'y un tratamiento para su enfermedad'. Otra de las peticiones de la Fiscalía fue que se condenase también a Joaquín Ferrándiz por la detención ilegal de Sonia Rubio, su primera víctima. Sin embargo, esta solicitud también ha sido desechada.

Ferrandiz Ventura fue considerado culpable de cometer 5 asesinatos y otro en grado de tentativa, además de un delito de lesiones contra otra mujer justo antes de su detención en enero de 2000. De los 163 años de cárcel que inicialmente solicitaban las acusaciones y el fiscal, la sentencia se quedó en 69, al contemplar la Audiencia la atenuante de confesión.

El Reino Unido revisa los casos de 459 pacientes del 'doctor muerte' ya fallecidos

Uno de los capítulos más tenebrosos en la reciente historia criminal del Reino Unido, el caso del médico asesino Harold Shipman -que fue sentenciado a cadena perpetua por 15 crímenes- vuelve a atormentar a los familiares de sus víctimas y a la sociedad británica. Una investigación de expertos independientes ha procedido a abrir el archivo de Shipman, para esclarecer las causas de 459 muertes sospechosas y buscar una explicación a la multiplicación de fallos que se sucedieron en el engranaje médico, clínico y gubernamental.

Ningún estamento detectó a tiempo la actividades del asesino en serie y tan sólo la fortuna, encarnada en las dudas del familiar de una anciana que murió con buena salud, pusieron fin a los crímenes.



'Morían en cuestión de minutos, unos diez', explicó ayer un experto en farmacopea al panel de investigadores que se reunen desde el miércoles en una sala especialmente habilitada en el Ayuntamiento de Manchester, al norte de Inglaterra.

Estructurada como una vista pública, en presencia de familiares, la investigación estudiará en detalle cada caso sospechoso. Declararán expertos clínicos y forenses, así como funcionarios de Interior, representantes del Consejo General Médico y otros involucrados en el terrorífico sumario de Shipman. Pero el asesino, de 55 años, guardará silencio, porque se niega, al menos de momento, a colaborar en los trámites.

Dado el caudal de material reunido, se estima que las sesiones se prolongarán durante dos años. En Hyde, último destino en la trayectoria del médico asesino, una conexión en vídeo permite seguir las imágenes y declaraciones a aquellos familiares que no tienen agallas para asistir en vivo a la recreación testimonial del brutal caso Shipman.

La letrada del asesino en serie de Castellón insiste en que reciba tratamiento

Rosa Edo, la letrada que defiende a Joaquín Ferrándiz Ventura, reiteró ayer ante el Tribunal Supremo su petición de que el asesino confeso de cinco mujeres reciba tratamiento psicológico en un centro especial adecuado a la 'psicopatía de libro' que padece, como la calificó el fiscal. El Supremo acogió la vista oral de los recursos de casación a la sentencia que condenó a Ferrándiz por los asesinatos de cinco mujeres y el intento de un sexto crimen. Edo mantuvo su solicitud de aplicación de la eximente de enfermedad mental aunque no para la reducción de la pena sino para su 'adecuación a las características del delincuente'.

El fiscal solicitó, al igual que lo hizo durante el juicio celebrado en Castellón en noviembre de 1999, que se declare al Estado responsable civil subsidiario de los crímenes, puesto que el condenado se encontraba en libertad condicional cuando cometió los asesinatos. Esta solicitud fue apoyada por la abogada de una joven que logró salir con vida de su 'encuentro' con Ferrándiz. El fiscal expuso cómo el autor de las cinco muertes era un 'penado' que, según dijo, 'podía y debía estar bajo control policial'. Añadió que se actuó con 'total estulticia' en lo que consideró una actuación 'negligente del Estado' cuando se le dejó en libertad condicional.

El abogado del Estado pidió que se rechace esta petición, entre otras razones, porque en la anterior estancia en prisión, de 1989 hasta 1995, por una anterior agresión sexual, Ferrándiz participó en diversas actividades que le llevaron a lograr la libertad condicional y los funcionarios no podían percibir sus actitudes psicopáticas porque 'engañaba a todo el mundo'.

La letrada de la joven a la que Ferrándiz trató de matar denunció 'graves irregularidades' y 'negligencias en cascada' en la vigilancia sobre el preso liberado.

El Gobierno británico sospecha que el 'doctor Muerte' mató a 300 pacientes en 24 años

Cuando Harold Shipman, de 54 años, fue detenido en 1998 por haber falsificado el testamento de una de sus pacientes, Kathleen Grundy, de 81 años y antigua alcaldesa de Hyde , la policía de la ciudad de Manchester abrió una de las más penosas diligencias criminales recordadas en la historia criminal británica. El comisario Bernard Postles sospechaba que la dama en cuestión había sido asesinada y temía que otras ancianas hubieran sufrido la misma suerte. El estudio encargado por Sanidad a Richard Baker, experto en auditorías clínicas de la universidad de Leicester y remitido ayer a la Fiscalía General, ha venido a confirmar los miedos del policía.

Harold Shipman, un hombre muy querido por sus pacientes, no sólo inyectó dosis mortales de diamorfina, un poderoso anestésico, a 15 pacientes indefensas, delito por el que cumple cadena perpetua. A lo largo de 24 años de carrera aplicó sus conocimientos a procurar la muerte de por lo menos 236 enfermos, posiblemente hasta 300, en lugar de aliviar sus dolencias, según el Ministerio de Sanidad.



En una labor sin precedentes elaborada en secreto hasta ayer, Richard Baker, antiguo médico de familia como Shipman, examinó los archivos relativos a su colega desde que éste obtuviera el título en 1974. Durante un año, Baker siguió el rastro dejado por el asesino en las localidades cercanas a Manchester donde ejerció hasta establecerse en Hyde.

Baker comparó primero el número de certificados de defunción firmados por Shipman con los expedidos en otras consultas similares de la región. A continuación tuvo que establecer las causas de cada muerte, a base de preguntar a los familiares el tipo de tratamiento que recibieron los fallecidos y los detalles del óbito. Para su sorpresa, la mayoría de los desaparecidos eran mujeres de avanzada edad que perecían de repente en su hogar y a primera hora de la tarde. En todos los casos, el médico las había visitado de improviso.

Una vez recopilados los datos, Baker hizo sus cálculos y vio que las cifras no casaban. En un cuarto de siglo, Shipman había informado de 236 muertes más en pacientes a su cargo -casi una al mes- que el resto de sus colegas. Para el comisario Postles, las conclusiones del estudio oficial han corroborado sus peores recelos.

A pesar de que sólo nueve de los 12 cadáveres exhumados hasta la fecha -todos pertenecientes al grupo de 15 mujeres cuyo asesinato ha podido demostrarse- mostraban restos de diamorfina, las circunstancias de la muerte de las 200 personas investigadas por sus agentes son similares a las de este grupo oficial de víctimas.

'Lees el trabajo de Baker y casi puedes titularlo Muerte al atardecer', dijo ayer Liam Donaldson, funcionario médico del Gobierno que suele anunciar las medidas sanitarias que afectan a todo el país. 'La estricta supervisión a que están sometidos hoy todos los médicos británicos, no sólo los de cabecera, impide que este tipo de tragedias pueda repetirse', añadió ayer, mientras los parientes de los muertos pedían que Shipman fuera juzgado de nuevo por sus crímenes.

Dicha posibilidad ha sido descartada por la propia Fiscalía General, que no cree que el médico pudiera tener un proceso justo a estas alturas. 'La publicidad dada al caso ha sido de tal magnitud que ningún jurado sería capaz de ofrecer un veredicto ecuánime si lleváramos otra vez a Shipman ante los jueces', en palabras de David Calvert, uno de sus portavoces. Para los hijos de las muertas, si los tribunales no pueden condenarle otra vez habría al menos que forzarle a que pidiera perdón por sus crímenes.

'Mientras no lo haga, no tendremos paz. La pena, el horror y la repugnancia que sentimos no cesarán hasta que Shipman explique lo que hizo', aseguró anoche Jayne Gaskell, que perdió a su madre a manos del médico. 'La única persona de la que nadie sospecharía algo así', según la asociación formada por los familiares de las víctimas.

Investigación

Para la juez Janet Smith, de 60 años y miembro del Tribunal Supremo, empieza ahora una de las labores más delicadas de su carrera. Sin fecha definitiva de apertura pero fijada para este año, la investigación que presidirá debe analizar el trabajo de Shipman, así como las negligencias, si es que las hubo, de la división de medicina familiar de la Asociación Médica Británica que le permitieron matar sin ser descubierto durante tantos años, y las normas que rigen el uso de drogas tan fuertes como la diamorfina por parte de los profesionales.

'Las familias saben que será un análisis prolijo y amargo, pero lo dan por bien empleado si con ello se evitan casos similares', admitió ayer Ann Alexander, la abogada de los hijos de las fallecidas.

La confesión del horror

El paisaje de la campiña francesa en los alrededores de Auxerre es amable y melancólico, suavemente ondulado, a menudo neblinoso, húmedo y discreto. Entre su verdura y silencio parece imposible no vivir en paz, reconciliado con el mundo. Desde ayer se sabe que en ese paisaje y, más concretamente, en las riberas fangosas del plácido Yonne, permanecen ocultos, desde hace más de 20 años, los cuerpos de siete jóvenes, siete chicas de entre 16 y 29 años, que tenían en común el ser huérfanas y el vivir recogidas en un centro de la Ddass (Dirección departamental de ayuda social y sanitaria). Y el ser recogidas cada día, a la hora de ir al trabajo, por un autocar conducido por el mismo chófer. Su asesino.Emile Louis, 66 años cumplidos ahora, llevaba las jóvenes a sus diferentes destinos laborales: una casa donde necesitaban alguien que ayudase a hacer la limpieza, una granja que agradecía brazos a la hora de la cosecha o de recoger el ganado, una mujer mayor que precisaba que le hicieran las compras y un poco de cocina. Las siete chicas -Martine, Chantal, Christine, Françoise, Jacqueline, Madeleine y Bernadette- desaparecieron entre 1977 y 1979. Nadie las echó en falta. En sus expedientes de la Ddass figura un tajante "en fuga" a modo de explicación. Las personas o familias que las empleaban no pidieron detalles. La policía no fue advertida de la epidemia de fugas femeninas de la Ddass de Auxerre hasta que se confirmó la séptima.

La sordidez del caso comienza en la miseria sentimental y económica de víctimas y asesino, continúa en el desinterés de instituciones y personas sobre la suerte de las desaparecidas y se prolonga en la paradoja con que hoy se enfrenta la justicia que sabe que Emile Louis es el asesino pero no pueden detenerle por ello.

El chófer, acusado por el hecho de conservar en su nueva residencia junto al Mediterráneo ropas de alguna de las víctimas, acabó por confesar el pasado jueves ante el fiscal de Auxerre. "Sí, es cierto, las maté", admitió. Pero antes quiso dejar claro que si ellas se habían acostado con él, lo habían hecho libremente.

Emile Louis no recuerda con exactitud la localización de los distintos cementerios improvisados que inventó para cada uno de sus crímenes.

No hallar los cadáveres es, paradójicamente, lo que puede llevar a Emile Louis a la cárcel. De momento le pueden acusar de "rapto y secuestro", un delito que se prolonga mientras no aparezcan las secuestradas. Basta para encarcelarle. En cambio, si de pronto el trabajo de los policías permitiese encontrar los cuerpos de Martine, Chantal, Christine, Françoise, Jacqueline, Madelaine y Bernadette, entonces habría que poner en libertad a Emile Louis y dar el caso por cerrado. Sus crímenes habrían prescrito.

Si el misterio de las siete desapariciones se resuelve no será gracias a la diligencia de la justicia, de la Ddass o de la policía. Un abogado -Pierre González de Gaspard- y la asociación para la que trabaja -Adhy (asociación de ayuda de los minusválidos del Yonne)- han cargado con el trabajo de investigación, ayudados los últimos meses por un detective privado y, a partir de nuevas pruebas, por la gendarmería.

Lo más grotesco es que Emile Louis tenía las características del sospechoso ideal pues era siempre el último en haber visto con vida a las desaparecidas, es persona que luego, durante los 80, fue condenada en dos ocasiones por "violencia sexual" y "actos contra el pudor" y en Draguignan, pueblo en el que vive, son varias las personas que han testimoniado sobre la inquietante y peligrosa sexualidad de Emile Louis, lo que él mismo llama "mis pulsiones incontrolables".

Los errores, desidia o mala voluntad se acumulan en el caso de las desaparecidas de Auxerre. Un fiscal, en 1995, se negó a reabrir el caso "porque no hay ningún elemento que permita pensar en la existencia de una infracción penal"; el antiguo director de la Ddass en la ciudad de la Borgoña fue condenado en 1985 por "atentado contra el pudor" de una joven minusválida y eso no puso en duda la validez de sus anteriores silencios; los policías que hicieron la investigación no quisieron que su pesquisa implicase en ningún momento a los notables de Auxerre, esa gente que abusaba -económicamente como mínimo- de las chicas.

El misterio del estrangulador de Boston

Uno de los casos criminales más célebres del siglo está a punto de ser reabierto, 36 años después de que muriera la última de las 13 víctimas. El llamado Estrangulador de Boston, magistralmente encarnado en el cine por Tony Curtis, podría seguir vivo, en opinión de la familia de una de las mujeres asesinadas y de la familia del propio Albert DeSalvo, el hombre que confesó los crímenes y murió en prisión sin haber sido juzgado por ellos.Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres fueron violadas y estranguladas en su domicilio. Aunque sus edades eran muy dispares (entre los 19 y los 85 años), todas las muertes resultaban similares: el asesino se presentaba en casa de la víctima haciéndose pasar por fontanero o empleado de la compañía telefónica, se ganaba su confianza y, una vez dentro, cometía la agresión. Utilizaba una media o un pañuelo para el estrangulamiento, que dejaba en torno al cuello, anudado con un gran lazo. Entre los dedos de los pies de Mary Sullivan, la última víctima, colocó una felicitación de Año Nuevo. La policía no conseguía dar con la persona que aterrorizaba a la ciudad y a quien los periódicos llamaban "el criminal fantasma". Tenía sospechosos, pero ninguno de ellos podía haber cometido toda la serie de crímenes.

Pero ocurrió algo inesperado. El 27 de octubre de 1964, un hombre logró entrar, haciéndose pasar por detective, en el domicilio de una joven. La ató, la violó y luego se fue, tras decir "lo siento". La descripción ofrecida por la víctima condujo a la identificación de Albert DeSalvo, casado y con dos hijos, con numerosos antecedentes por robo y abuso sexual. Cuando su fotografía fue publicada en los periódicos, decenas de mujeres dijeron haber sido violadas por DeSalvo. Los casos que afloraron no parecían guardar relación alguna con los crímenes del estrangulador.

En realidad, nadie acusó nunca a DeSalvo de ser el Estrangulador de Boston, salvo él mismo. Un año después, cuando permanecía en el Hospital Estatal de Boston -se le diagnosticó esquizofrenia- a la espera de varios juicios por violación, anunció a su abogado que él era el autor de todas las muertes. El propio abogado, Lee Bailey, creyó que la confesión era falsa y que DeSalvo sólo pretendía reforzar la impresión de que estaba loco y escribir una Autobiografía del Estrangulador de Boston con la que ganar dinero para su familia. Ninguna prueba le ligaba a los crímenes y no se le juzgó por ellos.

El 26 de noviembre de 1973, cuando tenía 42 años, DeSalvo fue asesinado en la cárcel. Y el caso quedó cerrado. Hasta que Casey Sherman, sobrino de Mary Sullivan, la última víctima, leyó en 1995 Los estranguladores de Boston, de Susan Kelly. El libro sostenía que no hubo un solo asesino, sino varios que se imitaron recíprocamente. Sherman preguntó a su madre, y ella le confesó su convicción de que DeSalvo no era el hombre que mató a su hermana. Sherman pidió entonces las grabaciones de la confesión de DeSalvo y descubrió que su descripción de los asesinatos no se ajustaba a lo establecido por las autopsias. Sherman, aliado con Richard DeSalvo, el hermano de Albert, pidió que se reabriera el caso.

El mes pasado, el fiscal general de Massachusetts, Thomas Reilly, anunció que se había hallado material genético (no especificó cuál) relacionado con el asesinato de Mary Sullivan y que se intentaría realizar la prueba del ADN. El cadáver de la víctima fue exhumado, se recogieron muestras y la familia DeSalvo aportó restos del presunto asesino. Aún no es seguro que la prueba genética pueda arrojar resultados concluyentes, dada la antigüedad de las muestras.

Casey Sherman ha repasado la lista de personas que investigaba la policía de Boston antes de la confesión de DeSalvo. En el caso de su tía, el principal sospechoso era el novio de una de las compañeras de piso de Mary Sullivan, que fue visto por un testigo en las cercanías de la vivienda hacia la hora en que debió cometerse el asesinato. El sospechoso fue sometido en 1964 al detector de mentiras y, según el no muy fiable sistema poligráfico, su coartada era falsa. Como todas las muertes acabaron cargándose en el expediente de DeSalvo, la policía dejó de investigar a ese sospechoso. Sherman le localizó hace unos meses en su actual residencia, en Nueva Inglaterra, y le propuso que se sometiera a la prueba del ADN para despejar dudas. El sospechoso se negó.

El fiscal solicita 30 años de prisión para 'El Petxina' y el otro imputado por el crimen del 'jardín de los horrores'

El fiscal y la acusación particular, el abogado que representa a la familia del ingeniero supuestamente asesinado en el llamado jardín de los horrores, solicitan 30 años de prisión para Emilio Pellicer, alias El Petxina, y Rafael R. L., los acusados de matar a Enrique Benavent en junio de 1991 en una vivienda del barrio de la Breva en Castellón. Aunque el jardín de los horrores nunca fue tal -los forenses demostraron que los numerosos restos humanos hallados bajo el domicilio del Petxina tenían más de 20 años de antigüedad-, las dos acusaciones consideran incontrovertible que Pellicer y Rafael R. L. acabaron con la vida de Benavent para, probablemente, hacerse con la importante cantidad de dinero que éste portaba. Es más, tanto el fiscal como Emilio Pérez Mora, el letrado de la familia de la víctima, acusan a varios familiares de Pellicer como encubridores del asesinato, posiblemente, incardinado en una trama de tráfico de drogas. Por ello, el fiscal solicita tres años de prisión para Ana T. G., esposa del Petxina; Antonio P. T., su hijo y Ana María F. C., su nuera. Pérez Mora eleva las penas hasta seis años para estos tres procesados, a los que aplica el Código Penal antiguo, vigente entonces.

La existencia del jardín de los horrores trascendió en 1997, cuando Rafael R. L., entonces preso en Picassent, confesó a la familia de Benavent que el ingeniero, trabajador de IBM, "ya no anda por este mundo". Su cadáver nunca fue encontrado, ya que, según confesaron los supuestos asesinos, fue cubierto con cal y quemado, pero provocó las excavaciones en el barrio de la Breva que, poco después, sacaron a la luz centenares de huesos.

Los estudios científicos, sin concretar su procedencia, descartaron que el jardín del Petxina albergara los restos de las supuestas víctimas de este delincuente, condenado y encarcelado, anteriormente, por falsificar moneda e introducir hachís en España.

Condenado a 835 años de prisión el asesino de 189 niños en Colombia

El psicópata colombiano Luis Alfredo Garavito Cubillos, considerado como el mayor asesino en serie del mundo, ha sido condenado a 835 años de prisión en las primeras 32 causas judiciales que ha afrontado por la violación y muerte de 189 niños, de entre ocho y 16 años de edad, en menos de un decenio. El asesino actuó en 11 de los 32 departamcometió sus crímentes en 11 de los 32 departamentos de Colombia. Garavito confesó un total 189 asesinatos de niños, entre ellos cuatro cometidos en Ecuador, entre 1990 y 1999. Fue localizado por la Fiscalía a finales de octubre del pasado año en la prisión de la ciudad central de Villavicencio, donde había ingresado el 22 de abril de 1999 bajo la acusación de secuestro de niños y con una identidad falsa. Según los testimonios obtenidos por las autoridades judiciales, Garavito podía presentarse como monje, indigente, minusválido o representante de fundaciones ficticias que trabajaban en favor de ancianos y niños.

Pocos días después que fuera descubierto, Garavito fue trasladado del presidio de Villavicencio a los calabozos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en la misma ciudad, que dista 126 kilómetros al sur de la capital colombiana.

Hallado ahorcado en su celda el 'doctor Muerte', acusado de matar a 215 pacientes en el Reino Unido

El médico británico Harold Shipman, conocido como doctor Muerte, encarcelado por el presunto asesinato de 215 pacientes, ha sido encontrado colgado en su celda esta mañana.

Funcionarios de la prisión de Wakefield han encontrado hacia las 8.30 (hora española) el cuerpo de Shipman. Los esfuerzos por reanimarle han fracasado y dos horas más tarde se ha certificado su muerte, según las declaraciones de un portavoz de la prisión recogidas por la página web de la BBC. Al parecer, el doctor Muerte utilizó las sábanas de su cama para ahorcarse.


Cadena perpetua

Shipman, de 57 años y padre de cuatro hijos, fue condenado a cadena perpetua en enero de 2000 por haber matado a 15 personas, la mayoría ancianos, con inyecciones letales de heroína durante sus 23 años de carrera profesional.

Sin embargo, una investigación iniciada el año pasado concluyó que sus víctimas pudieron ser hasta 215, 171 mujeres y 44 hombres de edades comprendidas entre los 41 y los 93 años. El médico siempre negó su culpabilidad.

Un asesino de mirada afable

Nada hacía sospechar de este doctor de apariencia afable, inspirador de confianza con su pelo blanco, barba tupida, gafas de pasta oscura y mirada tranquila. Nada, hasta que fue descubierto en 1998. Allí terminó un rosario de asesinatos iniciados, supuestamente, en 1975.

Shipman solía atender a los enfermos en su consulta de Todmorden, al norte de Inglaterra. A veces, visitaba a las víctimas a domicilio y cuando éstas se encontraban solas. Entonces, aprovechaba la ocasión para inyectarles sobredosis de diamorfina.

La policía británica investiga a otro médico de cabecera por la sospechosa muerte de dos pacientes

Los médicos de cabecera siguen acaparando la atención en el Reino Unido. Con la investigación sobre el caso de Harold Shipman - condenado a cadena perpetua por el asesinato de 15 pacientes y sospechoso de haber acabado al menos con 175- aún en marcha, la policía británica ha abierto un nuevo caso. Esta vez, el médico habría sido denunciado por su propia esposa, que llamó a un programa de televisión para expresar sus temores sobre la muerte de dos enfermas. Ambas fallecieron poco después de recibir dosis masivas de diamorfina. Los agentes, que todavía no han acusado a nadie, esperan averiguar por qué les fue suministrada esa cantidad de medicamento.Para evitar que cunda el pánico, la policía de Yorkshire, en el centro de Inglaterra, ha declinado desvelar la identidad del médico, aduciendo que es "demasiado pronto". La policía admite, no obstante, haber centrado sus pesquisas en el informe del Consejo General de la Medicina sobre el súbito fallecimiento de dos pacientes que recibieron entre 15 y 20 miligramos de diamorfina, un derivado de la morfina que puede producir una parada cardiaca. El médico sigue en activo.


Shipman ha sido expulsado ahora de la carrera, pero siguió ejerciendo más de dos décadas sin que los órganos de control de los médicos sospecharan. Por ello la policía de Yorkshire haya acudido en primer lugar a los archivos del Consejo Médico para estudiar el informe sobre el nuevo sospechoso.

Una de las primeras pacientes de Shipman ha hecho ahora una revelación. Elaine Oswald tenía 25 años en 1974 cuando Shipman le recetó un opiáceo para unos dolores abdominales. Desde EE UU, donde Oswald reside, afirma que necesitó un lavado de estómago para salvar la vida después de que Shipman "le inyectara algo en el brazo". Sería una de las primeras personas atacadas por el asesino en serie.

Londres reabre el caso del Doctor Muerte en busca de más víctimas

El caso de Harold Shipman, alias Doctor Muerte, el mayor asesino en serie de la historia británica, sigue lleno de incógnitas. Nadie se explica, por ejemplo, cómo pudo matar en tres años a15 mujeres, pacientes suyas de Manchester, sin despertar sospechas. Ante la presión de una opinión pública alarmada por este espeluznante caso, el Gobierno británico anunció ayer la apertura de una investigación independiente que aclare tanto la supuesta incompetencia de los órganos de supervisión médica, como la tétrica sospecha de la policía y el fiscal de que Shipman acabó con la vida de 150 pacientes.

La maquinaria para resolver las incógnitas del caso Shipman se puso en marcha horas después de que el jurado declarase al médico de cabecera culpable de asesinar a 15 mujeres y el juez le condenara a pasar el resto de su vida entre rejas. La investigación independiente, que el ministro británico de Sanidad, Alan Milburn, anunció en el Parlamento debe responder a las preguntas que se hace la sociedad. "¿Qué acciones se deberían haber tomado para evitar los crímenes? ¿Cómo pudo matar durante años sin levantar sospechas?", se interrogó el ministro.La investigación cubrirá la actuación de instituciones y organismos -desde autoridades sanitarias al Consejo Médico General y a la propia polícia de Manchester- que entraron en contacto con el doctor Shipman durante su carrera profesional. "Los sistemas de supervisión deberán fortalecerse y cambiarse. No hay duda. Pero no podemos permitir que este caso erosione el vínculo de confianza que existe entre doctores y pacientes", dijo ayer Milburn. El ministro anunció igualmente una serie de medidas que confía en introducir con carácter inmediato. Entre ellas destaca la obligación de todos los médicos de desvelar posibles antecedentes penales y de informar a las autoridades sanitarias locales de los fallecidos en sus propias consultas.

Shipman, que hoy tiene 54 años, fue juzgado en 1979 por falsificación de recetas y robo de medicamentos controlados, delitos de los que se confesó culpable, pero el Consejo Médico General archivó su expediente y no lo desveló hasta la víspera del juicio por asesinato en serie.

Las muertes que por fin le llevaron a la cárcel se produjeron entre 1995 y 1998, pero los presuntos crímenes que investiga la policía se remontan a la década de los ochenta. El número desproporcionado de fallecimientos en la consulta del doctor Shipman levantó sospechas de los forenses, y ahora ha llevado al ministro de Sanidad a revisar con urgencia el sistema que rige la firma de certificados de defunción.

La serie de asesinatos ha conmocionado a la sociedad británica. El propio juez que vio el caso declaró durante el proceso: "No tengo la menor duda de que sus víctimas le sonreían y hasta le daban las gracias cuando se encomendaban a su espantoso socorro". En efecto, según testimonios, la apariencia de Shipman, plácida y benevolente, era una imagen que comunicaba confianza.

Pero sin duda donde la inseguridad ha hecho presa de la población ha sido en lo referente al nulo grado de control de las instituciones para detener las actividades de Shipman. Los familiares de las víctimas no se han recatado en pedir que alguien dé una explicación convincente de por qué Shipman, con las sospechas que pesaron sobre él, no fue apartado de la profesión por el Colegio Médico General, órgano disciplinario de los facultativos. Asimismo se ha sabido que la policía llegó en marzo de 1998 a abrir una investigación ante la alta mortalidad de sus pacientes. Pero los agentes no revisaron los antecedentes médicos de Shipman ni interrogaron a sus pacientes para evitar despertar sospechas infundadas. Tampoco se dieron cuenta de que había alterado los certificados de muerte de sus víctimas. Eso ocurrió en marzo de 1998. Con posterioridad, Shipman mató a tres ancianas.

Un jurado británico condena a cadena perpetua a un médico por matar a 15 pacientes

El médico británico Harold Shipman, alias Doctor Muerte, pasó ayer a los anales la historia criminal del Reino Unido tras ser declarado culpable de la muerte de 15 mujeres de Manchester. Su lugar como el más prolífico asesino en serie británico quedó garantizado durante la séptima jornada del juicio, que culminó ayer con 15 sentencias a cadena perpetua aparte de cuatro años por falsificar el testamento de una de sus víctimas para quedarse con una herencia de 350.000 libras esterlinas (96 millones de pesetas). La policía cree ahora que Shipman podría haber aniquilado a 150 pacientes.

Enfundado en un traje marrón a rayas, el barbudo médico de 53 años no movió una pestaña cuando el juez de la corona leyó el veredicto del jurado tras 33 horas de deliberaciones en Hyde, no lejos de donde Shipman mantenía su consultorio en la calle principal del apacible pueblo cercano a Manchester. Familiares de las 15 ancianas presentes en la corte rompieron en aplauso y llanto durante la lectura de la sentencia de uno de los casos más seguidos de la historia judicial del país. Esposado y sin emoción visible, Shipman abandonó la sala rumbo a la cárcel de la que nunca saldrá vivo.Fue un sobrio epílogo a uno de los más truculentos casos de maldad comparable a la implacabilidad de Jack El Destripador, supuestamente médico también, y otros pasajes igualmente siniestros en la historia criminal del Reino Unido. Aún así, el caso no está del todo cerrado: los investigadores sospechan que el número de víctimas podría superar al centenar si se tiene en cuenta una observación del equipo forense que estudió desde el año pasado la muerte de al menos 136 ancianas que acudían periódicamente al consultorio de Shipman. La policía dijo ayer que quizá el número de víctimas pueda elevarse hasta las 150.

Shipman tenía alrededor de 3.000 pacientes. Un tercio de ellos eran mujeres que hoy descansan en el cementerio o cuyas cenizas han sido desparramadas tras incineraciones a las que acudió el propio Shipman en su calidad de médico de cabecera.

Shipman fue desemascarado poco después de la muerte de Kathleen Grundy, la ex alcaldesa de Hyde que murió el año pasado, a los 81 años. Las sospechas emergieron cuando la hija de la difunta, una abogada llamada Angela Woodroof, detectó una apreciable cantidad de errores en la firma de su madre. Llamó a la policía, que más tarde descubrió que el testamento había sido escrito en la máquina de Shipman. Ello lanzó a la policía a buscar otras pistas en el consultorio y éstas brotaron casi al unísono.

El doctor Shipman administraba sobredosis de morfina a sus pacientes y luego acudía a certificar la causa de las muertes a "razones naturales dada la vejez de las pacientes". El "buen doctor" era, pues, el prototipo del asesino que, con una jeringuilla en una mano y borradores de testamentos en la otra, acudía a las casas de sus pacientes para cometer sus crímenes movido por razones que permanecen todavía en el misterio.

Shipman, según fuentes policiales, pudo haber sido arrestado antes de completar su lista de asesinatos. Inicialmente, la policía rehusó revisar sus informes, pero cuando el caso saltó a la luz descubrió que sus anotaciones acerca de sus pacientes habían sido convenientemente alteranadas. Shipman no era un experto en ordenadores. Por eso no se molestó en cambiar el disco duro de su máquina, donde los textos originales permanecieron invariables y, por lo tanto, mantuvieron la huella de que habían sido adulterados para enmascarar sus crímenes.

"Perversión calculada"

"Ha llegado la hora de dictar la sentencia por sus atroces, abominables crímenes", declaró el juez con la mirada clavada en el rostro de Shipman. "A fin de conseguir sus aberrantes y malvados objetivos, aprovechó la ventaja de condición de médico, abusó groseramente de la confianza de sus pacientes. Todas y cada una de las víctimas fueron sus pacientes. Y usted las asesinó con una perversión calculada, a sangre fría, una perversión de sus habilidades como médico", declaró el juez.

También ahora se ha sabido que Shipman tuvo problemas de adicción a las drogas en su juventud. Su afición a la morfina le valió una sentencia condenatoria y la expulsión del primer centro en el que trabajó. A este respecto, Shipman ha dicho que siempre se ha sentido fascinado por la farmacología. La opinión pública británica se pregunta cómo el sistema sanitario ha sido incapaz de desenmascarar antes a un elemento tan peligroso.

Nadie anoche podría explicarse los móviles que llevaron a Shipman a convertirse en un asesino. ¿Un desarreglo mental? ¿Una arrogante sensación de controlar y determinar el poder de decidir entre la vida o la muerte?

Respuesta exacta no existía en el inmediato efecto de la conclusión del caso Shipman. Los psicólogos no descartan la teoría de que la muerte de su madre, cuando Shipman pasaba por la pubertad, pueda encerrar el secreto de un resentimiento gradualmente magnificado hasta la conversión de Shipman en "el doctor muerte".

Condenado a 69 años el asesino confeso de 5 mujeres en Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón condenó ayer a 69 años de prisión a Joaquín Ferrándiz, de 36 años, autor confeso de la muerte de cinco mujeres entre el 2 de julio de 1995 y el 14 de septiembre de 1996. La sentencia considera cinco delitos de asesinato, uno de asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones por imprudencia. También le condena al pago de casi 130 millones de pesetas en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas. El juez desestimó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El tribunal condena a Ferrándiz a 16 años de prisión por el asesinato de la profesora de inglés Sonia Rubio -a cuyos familiares deberá pagar una indemnización de 30 millones de pesetas- y a 11 años de prisión y al pago de 100 millones de pesetas en concepto de indemnización por cada uno de los asesinatos de Natalia Archelós, Francisca Salas, Mercedes Vélez y Amelia Sandra García.El magistrado desestima una petición del fiscal que señalaba al Estado como responsable civil subsidiario de los delitos porque fueron cometidos durante la libertad condicional del acusado, que había sido encarcelado en 1989 por un delito de violación.

El juez calificó todos los crímenes de asesinato, puesto que Ferrándiz ejecutó a sus víctimas con alevosía y sin ofrecerles posibilidad alguna de defensa. La sentencia establece que Ferrándiz empleó el mismo procedimiento para matar a las cinco mujeres, quienes subieron voluntariamente al vehículo del condenado. El texto explica que Ferrándiz ató las manos de las víctimas cuando se encontraban confiadas para evitar que se resistieran mientras las estrangulaba.

La sentencia asume la atenuante de confesión, pero desestima las de embriaguez y enfermedad mental, aunque admite que Ferrándiz sufre un trastorno de personalidad "que no le impedía gobernarse a sí mismo". El texto señala a Ferrándiz como un psicópata peligroso, pero no le obliga a someterse a tratamiento alguno.

El magistrado ha optado por la menor pena para Ferrándiz, ya que apunta que la contabilidad de las tres cuartas partes de la condena para la concesión de una nueva libertad condicional no se efectuará sobre el total de los 69 años de prisión, sino sobre el máximo de 25 al que limita el Código Penal el cumplimiento efectivo de las condenas. Así, Ferrándiz podría obtener la libertad condicional dentro de 16 años.

Respecto a la psicopatía del condenado, el texto apunta que en 1990, cuando se le concedió la libertad condicional, "no era detectable excepcionalidad alguna que pudiera augurar la peligrosidad extrema que después se hizo patente con la comisión de los hechos". En este sentido, agrega que no es posible "aceptar que se equivocaran en hilera", la psicóloga, los forenses y la psiquiatra que hace nueve años le sometieron a exámenes médicos antes de concederle la libertad condicional.

Sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, el magistrado considera que esta petición "está dotada de singular telegenia a nivel mediático y social por cuanto a todos reconforta la idea de un adecuado resarcimiento". Pero desestima que exista un vínculo especial entre un individuo en libertad condicional y la Administración.

El fiscal del caso, Juan Salom, comentó que la sentencia "se ajusta a la ley pero no a la realidad" e insistió que el Estado debería ser considerado responsable civil subsidiario de los crímenes. Una tesis que también sostiene la letrada de la acusación particular, María Luisa de Miguel. Ambos recurrirán ese aspecto ante el Tribunal Supremo ya que Ferrándiz es insolvente.

La abogada defensora de Ferrándiz, Rosa Edo, lamentó que la sentencia "no establezca un tratamiento [médico] pese a reconocer que se trata de un psicópata y de una persona peligrosa".

La defensa pide que Ferrándiz reciba tratamiento durante la condena

La abogada de Joaquín Ferrándiz, cuyo juicio por el asesinato de cinco mujeres en Castellón quedó ayer visto para sentencia, solicitó al tribunal que, además de la pena de cárcel que pueda imponer al acusado, exija que se le someta a un tratamiento intrapenitenciario. La letrada Rosa Edo precisó que su solicitud no se refiere a un tratamiento en un psiquiátrico sino a un programa que se le aplique dentro de la prisión a la que sea enviado y donde "debe pagar como autor de las cinco muertes".

Edo dijo que habrá que "cruzar los dedos el día que Joaquín Ferrándiz salga a la calle" si no se intenta "que la pena tenga carácter curativo". "La sociedad no puede permitirse dejar a la arbitrariedad del acusado el someterse o no a un tratamiento", agregó, para argumentar que la supervisión médica sea parte de la pena para curar la "desquiciada personalidad" de Ferrándiz.La defensa rebatió al fiscal y a las acusaciones particulares, que califican de asesinato las muertes de las cinco víctimas, y afirmó que "se han planteado muchas teorías y suposiciones pero no se ha probado nada". Edo, que pidió para Ferrándiz 10 años de cárcel, manifestó tajante que "si él [el acusado] no hubiera confesado no estaría sentado en el banquillo" por falta de pruebas. Según la abogada, "los peritos han tenido que recurrir a la lógica porque no se ha determinado la causa de ninguna de las cinco muertes" y "han inventado un modus operandi", por lo que en su opinión "no hay elementos que permitan acreditar las muertes como asesinatos".

El juicio contra Ferrándiz concluyó con el informe del abogado del Estado, Manuel Breva, quien rechazó la acusación del fiscal y las acusaciones particulares sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, basada en que el acusado se encontraba en libertad condicional cuando cometió los delitos y no hubo control ni vigilancia sobre el procesado. Breva indicó que, puesto que ésta es la primera vez que el ministerio fiscal solicita la responsabilidad del Estado en un proceso penal, desconocía el por qué del "empecinamiento" del ministerio público en "forzar" las leyes, dado que existe la vía contencioso-administrativa, en la que el Estado, en alguna ocasión, ya se ha hecho responsable de delitos cometidos por una persona en libertad condicional. "Nosotros no negamos que pueda existir una responsabilidad del Estado si se determina que hubo un mal funcionamiento de los mecanismos de control, pero ninguna norma permite declararlo responsable por vía penal", mantuvo, y destacó que el Código Penal determina que el Estado "únicamente es responsable, en este tipo de procesos, cuando los delitos se cometen por parte de un funcionario en el ejercicio de sus funciones o dentro de un edificio público".

Breva subrayó que un juez concedió a Ferrándiz el tercer grado en contra de los informes de Instituciones Penitenciarios; otro juez, el de vigilancia penitenciaria, no exigió controles específicos al dar la libertad condicional a Ferrándiz, y un tercero no revocó esta situación ni ordenó la detención del procesado cuando en febrero de 1998 se presentó una denuncia contra él por agresión sexual.

Petición de 163 años para el acusado de matar a cinco mujeres en Castellón

El juicio contra Joaquín Ferrándiz Ventura, de 36 años, acusado de matar a cinco mujeres en Castellón entre julio de 1995 y septiembre de 1996, celebró ayer su penúltima sesión, en la que el fiscal del caso, Juan Salom, informó al tribunal de las peticiones de condena y de indemnización que solicita por cada uno de los delitos que imputa al acusado.En total, la Fiscalía pide 163 años de cárcel y más de 200 millones de indemnización para las familias de las víctimas. Además, solicita que se declare al Estado responsable civil subsidiario por no haber vigilado y controlado a Ferrándiz, que cometió los crímenes cuando estaba en libertad condicional tras cumplir una condena por agresión sexual.

El fiscal subrayó ayer que, de haber cumplido el Estado con la vigilancia y seguimiento de Ferrándiz, "se hubiera salvado a más de una de sus víctimas". El fiscal sostuvo, además, que el procesado actuó en todos los casos con "alevosía", ya que sus víctimas no pudieron defenderse y fueron atacadas por sorpresa.

También destacó que no cabe aplicarle ninguna circunstancia atenuante, puesto que los peritos han declarado en el juicio que era consciente de sus actos criminales. Un psicólogo calificó al procesado de psicópata "muy grave" y un forense afirmó que sufre una enfermedad mental, un fuerte trastorno de la personalidad, pero ambos peritos dejaron claro que el acusado distingue entre el bien y el mal y es responsable de sus actos.

Condena íntegra

Por ello, el fiscal insistió en que Ferrándiz debe cumplir "íntegramente" la condena que le sea impuesta, aunque sea sometido a tratamiento médico. "Ya tuvo una segunda oportunidad", indicó refiriéndose a la libertad condicional que se le otorgó tras su primera condena, "y cometió cinco asesinatos". "No nos podemos permitir otro fracaso experimental", sentenció el fiscal.

En su informe, el fiscal señaló que la forma de actuar de Ferrándiz en los cinco asesinatos fue la misma. "Se ganó a sus víctimas con su cara, su aspecto beatífico, apacible y pacificador", indicó. El procesado se ofrecía a llevarlas a casa en coche tras sus salidas nocturnas, para después golpearlas, maniatarlas y estrangularlas. Tenía, ademas, una "notable habilidad para esconder los cadáveres". El propio Ferrándiz aportó detalles sobre su forma de actuar en las reconstrucciones de los casos que se hicieron tras su detención y confesión el año pasado. "Dio explicaciones que sólo podía dar el homicida", según el fiscal.

Respecto a las otras dos acusaciones que pesan sobre Ferrándiz, dos nuevos intentos de asesinato, el representante del ministerio público comentó que, como indicaron psicólogos y forenses, el procesado "empezaba un nuevo ciclo criminal" que se impidió con su detención en julio de 1998. Restan para finalizar este juicio, que ha durado nueve días, las conclusiones de las acusaciones particulares y de la defensa.

Una muerte aprendida

De las declaraciones de los médicos que efectuaron las autopsias de los cadáveres de las cinco mujeres de cuyas muertes es acusado Joaquín Ferrándiz se deduce que, en todas ellas, hubo estrangulamiento. También se desprende que Ferrándiz "aprendió" según acumulaba crímenes. En una de sus declaraciones ante el juzgado, el ahora acusado señaló que fue de su compañero de celda, condenado por la muerte de su esposa, de quien adquirió conocimientos sobre el método de la "asfixia mecánica". Los forenses indicaron ayer que no provoca una muerte instantánea, sino que se da un lapso de tiempo entre esta acción y la parada cardíaca que produce. Los cadáveres presentaban síntomas de violencia. Casi todos estaban maniatados, pero los forenses no pudieron afirmar con rotundidad si las ataduras se efectuaron antes o después de producirse las muertes, debido al avanzado estado de descomposición en que se hallaban los cadáveres al ser recuperados. Entre los tres cadáveres hallados en Vora Riu y correspondientes a Natalia Archelós, Francisca Salas y Mercedes Vélez, la diferencia máxima se da en esta última, cuyo cuerpo apareció con una bolsa que le tapaba el rostro. Esta mujer era la que había mantenido una relación sentimental con el hermano del acusado cuando ambos eran adolescentes.


En el caso de Sonia Rubio, las lesiones que presentaba su cadáver eran propias de una acción violenta respondida con resistencia por parte de la víctima. De la autopsia a Amelia Sandra García se desprende una agresión previa a la muerte, con lesiones en el tórax y en la cabeza. Ferrándiz ha admitió que la golpeó con una piedra.

Los expertos dicen que Ferrándiz era consciente de sus actos criminales. Un psicólogo afirma en el juicio que a Joaquín Ferrándiz "no le importaba matar"

El juicio a Joaquín Ferrándiz Ventura, acusado de asesinar a cinco mujeres en Castellón, celebró ayer una sesión crucial para determinar la personalidad y salud mental del procesado. Los expertos coincidieron en que Ferrándiz necesita tratamiento y aunque un psicólogo lo calificó de "psicópata muy grave" y un forense de "enfermo mental", ambos subrayaron que el procesado era plenamente consciente de sus actos. "No tiene remordimientos", dijo un especialista. "Siente indiferencia respecto de los crímenes", añadió otro.

La complejidad de la personalidad de Ferrándiz quedó patente en esta novena sesión del juicio, que se celebra en Castellón, y los psicólogos y forenses coincidieron en la necesidad de que el acusado se someta a un tratamiento. El psicólogo Vicente Garrido considera que el procesado es un "psicópata muy grave" que distingue entre el bien y el mal, y el forense Mario Ventura afirma que Ferrándiz sufre "un trastorno de personalidad" que reúne rasgos psicopáticos, esquizoides y neuróticos. "Padece una enfermedad mental que no le impide gobernarse a sí mismo", por lo que "podría haberse resistido a matar", añadió.Ambos peritos señalaron que en el momento de cometer los crímenes, Ferrándiz era plenamente consciente de lo que hacía, aunque ni lo sentía, ni le afectara ni le importara, tal como indicó el psicólogo criminalista Vicente Garrido, quien realizó informes sobre el perfil del posible sospechoso ya antes de que se produjera la detención del acusado. "No tiene remordimientos", dijo sobre Ferrándiz. Esta misma conclusión fue expuesta por el forense Mario Ventura. "Siente indiferencia respecto de los crímenes", atestiguó, y "no miente al decir que no recuerda ninguna emoción del momento", pese a que, a este respecto, Ventura indicó también que el hecho de haber repetido sus delitos denota la existencia de una "emoción residual digna" para volver a matar. Según los testigos, Ferrándiz "ha contado lo que ha querido" y ha ocultado lo que le ha interesado.

La declaración de Vicente Garrido consistió en la exposición de la personalidad psicopática que ha encontrado en Ferrándiz de la que señaló que, al matar, satisfacía "necesidades no cubiertas emocionalmente". Según dijo, la posibilidad de decidir sobre la vida o la muerte de sus víctimas cubría el nivel de emoción que no hallaba de otra manera aunque, en cualquier caso, sabía discernir entre el bien y el mal por lo que le considera "responsable de sus actos". Asimismo, el psicólogo mantuvo que, por ello, Joaquín Ferrándiz era capaz de medir el grado de violencia que aplicaba, guardando un control, afirmación que argumentó en la carencia de sadismo a la hora de cometer los crímenes.

Como consecuencia de su trastorno, que calificó de "muy grave", "no le importaba matar" y utilizaba, a su entender, el alcohol como desinhibidor hasta encontrar una víctima tipo, una "víctima de la oportunidad" pero no una persona concreta. En ese punto discrepó el forense Mario Ventura, quien sostiene que el procesado "elegía" a sus víctimas, aunque precisó que si no a una mujer concreta, sí el tipo de joven a la que atacar.

En cuanto a que "engañó" a todos aquellos que le trataron durante su estancia en prisión, por la condena impuesta en 1990 por agresión sexual, Garrido apuntó que, aunque la psicopatía podría haber sido detectada entonces no fue así porque "Instituciones Penitenciarias nunca se ha tomado la psicopatía en serio" y no se le realizaron los test de conducta oportunos, pese a que existen desde los años cincuenta. El acusado debería haber sido sometido, en libertad condicional, a un control estricto con el que se le impidieran, por ejemplo, las salidas nocturnas hasta altas horas de la noche consumiendo alcohol, ya que éste era un factor de riesgo para su reincidencia. Desde su punto de vista, Ferrándiz ha de ser sometido a un tratamiento que no debería concluir con su estancia en la cárcel, sino proseguir a lo largo de muchos años. Respecto a los dos últimos delitos de los que se le acusa, dos tentativas de asesinato, Vicente Garrido afirmó que, con ellos, "empezaba un nuevo ciclo" de crímenes.

Una de las discrepancias entre este psicólogo y el médico forense estriba en la petición de someterse a un tratamiento efectuada por el propio Ferrándiz. Para Garrido, esta solicitud es "honesta", mientras que para Mario Ventura, aunque "quiere realmente" este tratamiento, el propio acusado se considera mucho "menos enfermo de lo que aprecian" los expertos, con lo que es posible que realice la petición "de cara a la galería". "Muestra una preocupación e interés por estar socialmente admitido", afirmó Ventura como motivo del acusado para pedir tratamiento.

El médico forense indicó como posible causa del comportamiento de Joaquín Ferrándiz su relación con mujeres dominadoras e insistió en que en las dos últimas agresiones "asumió riesgos" y "cometió errores" debido a que se sentía seguro y creía que sus crímenes quedarían impunes.

Ejemplar de día, criminal de noche La doble vida de Joaquín Ferrándiz, juzgado por el asesinato de cinco mujeres

Servicial, trabajador, puntual, amable, cariñoso, detallista, simpático, meticuloso. Un empleado ejemplar. Los amigos y conocidos de Joaquín Ferrándiz todavía siguen sin escatimar adjetivos para definir su comportamiento y forma de ser. Mirada sádica y mandíbula desencajada fueron los términos empleados por uno de los guardias civiles que participaron en el seguimiento de ese ciudadano Ferrándiz que, al menos durante cinco madrugadas, se convirtió en un criminal.Joaquín Ferrándiz ha presenciado, impasible, las ocho sesiones del juicio al que está siendo sometido por la muerte de cinco mujeres de las que él mismo se confesó autor. Quizá por ello, por su autoinculpación, la presentación de pruebas está pasando de puntillas por la sección II de la Audiencia Provincial de Castellón para dar entrada a otros dos grandes temas sobre los que preguntar y debatir: la posible psicopatía de Ferrándiz y la probable responsabilidad del Estado al no ejercer correctamente la vigilancia a la que habría de haber estado sometido, debido a que se encontraba en libertad condicional cuando cometió los cinco crímenes.

Dicen que Joaquín Ferrándiz, que cumplirá 36 años en las mismas fechas en las que se estará decidiendo su futuro, es un psicópata. Dicen que no es que tenga una doble personalidad sino una doble vida, puesto que se trata de una psicopatía que se desarrolla en un contexto normalizado, en un individuo integrado en el mundo social con rasgos de comportamiento tamizados que no precisan de la rebeldía visible para llevar a cabo sus propósitos.

Dicen sus amigos que en Ferrándiz sobresalía la caballerosidad para con las mujeres. Era él el máximo protector de las chicas de la "pandilla" y de sus propias novias a las que no permitía que volvieran solas a casa, a altas horas de la madrugada. Bien sabía de lo que algunos son capaces de hacer.

Pero cuando se quedaba sólo, Ferrándiz se transformaba. Siempre era el último en abandonar los bares y discotecas de moda, hecho sobre el que sus amigos no veían nada de anormal sino la simple decisión de aprovechar la noche "a tope". Entonces, Ferrándiz se mantenía expectante. Desde algún punto estratégico del local en el que se encontrara, miraba atento los movimientos de todos los de su alrededor. Después, desde su vehículo, seguía a las chicas que volvían a sus casas o presenciaba las despedidas de los novios en los portales de los edificios. Lo que nunca se sabrá es si su única intención era la de ejercer, una vez más, sus ansias de vigilante-protector o iba más allá y lo que buscaba era nuevas víctimas.

Dicen que los psicópatas de este tipo son incapaces de asumir sus errores y que, en los ciclos en los que se muestran violentos, son crueles y agresivos. Sin embargo, no todos "necesitan" infringir la ley y les basta con ser manipuladores, explotadores o tiranos, aunque éste no es el caso de Ferrándiz. Lo que tampoco se ha determinado, por el momento, es el instante en el que la psicopatía se "instala" en el cerebro humano. ¿Se nace o se hace?

¿Negligencia del Estado?

El caso es que otro de los grandes temas que centran el juicio contra Joaquín Ferrándiz es la posible negligencia del Estado en la vigilancia de su libertad condicional y la necesidad de que, en adelante, el futuro condenado sea sometido a tratamiento psiquiátrico ante su improbable reinserción y el hecho de que ya hubo una vez en la que logró engañar a psicólogos, educadores, asistentes sociales y criminólogos. De los testimonios expuestos hasta el momento, los propios encargados de efectuar el control sobre los liberados condicionales han admitido la carencia de recursos, humanos y materiales, para que este control sea efectivo. La única diferencia entre el Ferrándiz en libertad condicional y cualquier otro ciudadano era que el acusado tenía que someterse a una entrevista durante tres o cuatro minutos una vez al mes. Con un coeficiente intelectual que ronda el 120, como en el caso de Ferrándiz, fácil resulta percatarse de que semejante seguimiento resulta absolutamente superable.

Quizá no le resulte tan fácil el sometimiento a un tratamiento, que se aplica en algunas cárceles para delincuentes sexuales o peligrosos, en el que se trabajan cuatro líneas fundamentales. La primera de ellas consiste en el aprendizaje de la conexión entre su comportamiento y las consecuencias de éste. El básico causa-efecto. La segunda trata de desarrollar su mundo emocional con el objetivo de eliminar su incapacidad para comprender el sentimiento ajeno. Con la tercera, se pretende que desaparezca el trato manipulativo al que los psicópatas someten al resto del mundo. Y, por último, la cuarta y más difícil, que es la de hacerlos capaces de realizar una autocrítica y un análisis realista de sus actos.

Además de la muerte de cinco mujeres, Ferrándiz es acusado de otras dos agresiones que no admite. El porqué tampoco será descubierto y quedará entre varias opciones. Fueron dos errores que su vanidad no puede admitir. Fue la imprudencia o es que, al menos en el último caso, quiso llevar su caballerosidad hasta el límite.

Ferrándiz tenía que estar sometido a un programa específico, dice un experto

El jurista criminólogo que participó en la elaboración de los informes que se realizaban en la prisión sobre Joaquín Ferrrándiz, que está siendo juzgado en Castellón por la muerte de cinco mujeres, aseguró ayer que la medida adecuada que se tenía que haber aplicado al recluso es un programa específico, como a otros delincuentes por delitos sexuales o peligrosos. El criminólogo explicó que la adaptabilidad de Ferrándiz era alta, pero también lo era su peligrosidad.

Este experto, que formaba también parte de las juntas de tratamiento que determinaban las medidas a aplicar entre los reos, mantuvo ayer que la evaluación del comportamiento que en el futuro, cuando estuviera en libertad, iba a desarrollar Ferrándiz se fijaba en dos variables, fundamentalmente: la adaptabilidad y la peligrosidad social.En el caso del presunto asesino de cinco mujeres la adaptabilidad era alta pero la peligrosidad también, aunque el jurista explicó que este índice se utiliza, de forma generalizada, para los agresores sexuales como Joaquín Ferrándiz, condenado por un delito de violación.

Otra de las aportaciones que realizó el criminólogo fue la de su consideración del porcentaje de reincidencia que se da entre las personas acusadas por un delito sexual y que él mismo situó en un 80%. También aseguró que, en general, en España no existen ni recursos ni medidas para controlar a los liberados condicionales de forma que el seguimiento al que habrían de ser sometidos sea "efectivo".

Además aseguró que de su experiencia se desprende que lo único que hace disminuir la capacidad delictiva de estas personas es la edad. Aún así, afirmó que, actualmente, se están aplicando programas especiales, por ejemplo en Cataluña, para delincuentes sexuales y peligrosos.

En la sesión de ayer declaró el educador que tuvo asignado Ferrándiz en la etapa en la que estuvo en el módulo de preventivos, es decir, cuando su sentencia condenatoria todavía no era firme.

"Obediente y pacífico"

El educador señaló que el acusado mostraba intereses culturales a la vez que era "responsable, obediente y pacífico", por lo que se le otorgaron destinos de confianza como el economato o la lavandería. Lo único que destacaba de Ferrándiz, aunque al parecer es un hecho habitual entre los delincuentes de este tipo, es que nunca asumió la autoría de la acción por la que había sido encarcelado: una violación.

Los testimonios expuestos ayer durante la octava sesión del juicio coincidieron con los ofrecidos en la jornada anterior en la que quedó patente que el control al que son sometidos los reclusos que gozan de la libertad condicional son totalmente insuficientes.

Cabe recordar que uno de los informes sobre la conducta y evolución de Joaquín Ferrándiz durante su libertad condicional señala la conveniencia de que éste fuera sometido a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Esta recomendación fue desestimada por el resto del equipo ya que lo consideraban "completamente reinsertado", tal como indicaron varios miembros de la comisión.

El control de la libertad condicional de Ferrándiz se limitó a si iba al trabajo

Los miembros de la comisión de seguimiento de asistencia social penitenciario sobre los que recaía el control de la libertad condicional de Joaquín Ferrándiz, condición en la que permanecía cuando se produjeron las cinco muertes por las que es juzgado, no ejecutaban vigilancia de ningún tipo. Durante la sesión de ayer, los responsables reconocieron que sólo le entrevistaban una vez al mes y controlaban si iba al trabajo.

Las declaraciones efectuadas por los mismos, durante la sesión celebrada ayer, dejó patente que estas comisiones no realizan ningún tipo de vigilancia sobre los liberados condicionales porque no la consideran de su competencia pese a que, teóricamente, es una de las labores que marca el reglamento por el que se rigen.El secretario de la comisión, Manuel Blanco, máximo responsable de la misma, reiteró ayer en varias ocasiones que la vigilancia "considerada como tal" no es de su incumbencia sino de las fuerzas de seguridad del Estado, tal como ocurre con cualquier otro ciudadano. Es decir, nadie vigilaba a Ferrándiz.

Blanco manifestó que el total de personas que se encargaban de todos los presos en libertad condicional de la provincia se limitaba a tres, en el mejor de los casos, ya que había temporadas en las que por bajas o jubilaciones, fue él el único que permanecía efectuando el control. Todo ello pese a que, por ejemplo, en 1995 había más de ochenta presos bajo su tutela.

El mecanismo que se llevaba a cabo para el seguimiento de los liberados, no sólo en Castellón sino, según dijo Blanco, en todas las comisiones de asistencia social del país, se limitaba, en muchos casos, a dos actuaciones. Ferrándiz, considerado en el grupo de los peligrosos por sus antecedentes por violación, había de presentarse una vez al mes en la sede de la comisión, un día prefijado, donde era sometido a una entrevista que duraba de tres a cinco minutos, tal como señaló ayer el responsable del servicio.

Principal informador

Además, de vez en cuando, los funcionarios telefoneaban a su casa para preguntarle a su madre cómo se desarrollaba la evolución del ex recluso. Ése era el único control al que estaba sometido y durante el que, además, sólo se preguntaba por su situación laboral y familiar. En el aspecto laboral era el propio Ferrándiz el que comunicaba las características de su situación ya que los miembros de la comisión no se comunicaban con compañeros o jefes para no perjudicar su reinserción. Tampoco tenían los encargados de este seguimiento la obligación de interesarse por sus relaciones personales o sus ocupaciones durante el tiempo de ocio. Nunca le sometieron a ningún control imprevisto ni hablaron con sus amigos. "Él era la principal fuente de información sobre él mismo", admitió ayer Blanco.

En los objetivos que se les marcaron a los miembros de esta comisión para efectuar el control a Joaquín Ferrándiz sólo figuraba el que su actividad laboral fuera estable, su rendimiento bueno y sus relaciones familiares buenas, tal como indica el informe de la junta de tratamiento, que dictamina cómo se efectúa la vigilancia.

En cualquier caso y pese a que la mayoría de los informes sobre Ferrándiz fueron positivos, hecho por el cual Blanco manifestó ayer haberse sentido "engañado", existe uno en el que se menciona que su actitud frente a la violencia es de "agresividad alta pero sometida a control". En el mismo se indica que, dado el índice de reincidencia de los violadores "se considera conveniente el tratamiento psicológico o psiquiátrico" del exrecluso. Éste, pese a que Instituciones Penitenciarias tenía conocimiento de la recomendación, nunca se llevó a cabo.

Otra conclusión de las declaraciones de los miembros de la comisión se refiere a la descoordinación existente entre policía, juzgados e instituciones penitenciarias. El hecho es que los encargados del control de Ferrándiz tuvieron conocimiento de que existía una denuncia por agresión sexual contra él por una conversación informal y más de cuatro meses después de que se produjera. Tampoco fueron informados de una sanción que se le impuso a Ferrándiz tras un control de alcoholemia, hecho que, de haberlo sabido, según Blanco, hubiera podido conllevar la imposición de medidas cautelares a su condicional.

Un guardia civil que vigiló a Ferrándiz temió que matara otra vez

El comportamiento tan exquisito que Joaquín Ferrándiz mantenía durante el día se transformaba de madrugada. El testimonio del guardia civil que coordinó las labores de identificación y seguimiento del ahora acusado de las muertes de cinco mujeres en Castellón fue uno de los más llamativos de la sesión del juicio celebrada ayer. El testigo en cuestión se trasladó en febrero de 1998, junto a su equipo, de Madrid a Castellón a instancias del titular del Juzgado de Instrucción número ocho, que llevaba el sumario por la muerte de Sonia Rubio. Cuando la defensa del procesado le preguntó ayer por las anomalías que vio en la actuación de Ferrándiz cuando, a altas horas de la madrugada, se quedaba solo, el agente respondió: "No he pasado más miedo en mi vida. Tenía una mirada sádica y la mandíbula desencajada".Esta descripción choca claramente con la que habitualmente se hace de Ferrándiz, al que ayer el fiscal atribuyó un "aspecto casi beatífico". Según dijo el agente, Ferrándiz deambulaba con su coche y seguía a las chicas que caminaban solas para luego parar su vehículo y fijar la mirada en ellas. "Nosotros teníamos un miedo terrible cuando paraba al lado de una mujer", explicó, ante su convencimiento de que, si había matado en cinco ocasiones, como sospechaban, podía volver a hacerlo.

Además, de seguir a las chicas que caminaban solas observaba las despedidas que protagonizaban parejas de novios hasta que las jóvenes entraban a sus casas. Sobre la personalidad de Ferrándiz, el guardia civil apuntó que "si ha matado a tantas personas es porque tiene algún problema" y agregó que "su personalidad va más allá de la de un homicida".

Otro de los agentes que participaron en el seguimiento del acusado mantuvo ayer que los funcionarios de las juntas de evaluación a las que se sometía Ferrándiz, entonces en libertad condicional, pusieron de manifiesto en varias ocasiones la alta probabilidad de que éste volviera a reincidir.

La Guardia Civil sólo tenía indicios hasta que Ferrándiz confesó

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que participaron en las investigaciones por los cinco crímenes cometidos en Castellón entre julio de 1995 y septiembre de 1996 ponen de manifiesto que no tenían pruebas contra Joaquín Ferrándiz hasta que éste decidió confesarse autor de los asesinatos. Los investigadores tenían indicios y datos que apuntaban al procesado, que está siendo juzgado en la Audiencia de Castellón, pero no pruebas. Comenzaron a vigilar al acusado como sospechoso sólo de uno de los asesinatos.

En el primero de los crímenes, el de Sonia Rubio, los agentes de la Guardia Civil desplazados desde Madrid para la investigación comenzaron a fijarse en Ferrándiz por una conversación ajena a las pesquisas tanto de la policía como del propio instituto armado. A consecuencia de la agresión que Ferrándiz protagonizó en febrero de 1998, cuando golpeó a una joven que logró escapar de él, a partir de mayo se procedió al seguimiento de los pasos del entonces sólo sospechoso de la muerte de Sonia Rubio.A continuación se le "marcó" también como posible autor del crimen contra Amelia Sandra García, aunque, igualmente, sin pruebas, según el testimonio de uno de los 10 guardias civiles que declararon ayer. El seguimiento se sucedió hasta julio, cuando Ferrándiz fue detenido tras deshinchar la rueda del coche de una joven que tuvo un accidente, hecho que el fiscal califica como un asesinato en grado de tentativa.

Sin embargo, tanto en el seguimiento efectuado por la Guardia Civil como en las investigaciones que se realizaron una vez Ferrándiz ingresó en prisión, no se obtuvo ninguna prueba contundente que permitiera acusarle de las muertes. Incluso hasta julio de 1998 ni siquiera se sospechó que el triple crimen de Vora Riu hubiera podido ser cometido por la misma persona que los anteriores, entre otras cosas, porque entonces existía una persona detenida y ahora exculpada. De las similitudes de los cinco casos y tras la intervención del criminólogo Vicente Garrido, quien efectuó un informe psicológico de investigación criminal, se dedujo que el autor podía ser el mismo en todos los crímenes. Pero se seguía sin tener pruebas.

El único elemento para mantener la acusación de Ferrándiz como supuesto autor de la muerte de Sonia Rubio se sostenía sobre un rollo de cinta de embalar que la guardia civil halló en casa del acusado cuando efectuó un registro. La profesora de inglés había sido amordazada tres años antes, cuando desapareció, con una cinta corriente y sin características específicas, como la que se encontró en casa de Ferrándiz.

En el juicio también declaró ayer la joven que fue agredida por éste en febrero de 1998, agresión por la que el fiscal y la representación de la víctima solicitan penas por asesinato en grado de tentativa y detención ilegal. Fue a raíz de esta acción cuando comenzaron las sospechas contra Ferrándiz. En su declaración, la joven varió su testimonio ya que, mientras que ante la policía dijo haber sido víctima de un intento de violación, ayer afirmó que el acusado intentó matarla. En cualquier caso, con el vehículo del autor de la agresión identificado como el de Ferrándiz y la denuncia interpuesta por la joven, la policía ni le mostró una foto a la víctima para que tratara de identificar a su agresor ni efectuó una rueda de reconocimiento, además de dejar que el acusado, que acudió a comisaría y negó el ataque, se marchara a casa sin tomarle siquiera declaración.

La ruta de la prostitución

Aunque los testimonios que hasta ahora se han oído en el juicio contra Joaquín Ferrándiz todavía no han aclarado si éste conocía o no a las tres prostitutas a las que mató y enterró junto al camino de Vora Riu en Vila-real, según su propia confesión, sí que se perfila la idea de que conocía el lugar en el que éstas se ubicaban habitualmente. Dos amigos del propio imputado aseguraron ayer haberle acompañado al camino de la Ratlla para contratar los servicios de las chicas que, como las tres víctimas de Vora Riu, se colocaban en esa zona.Ambos mantuvieron que, a propuesta de Ferrándiz, acudieron al lugar conducidos por el acusado que, en ningún momento, mostró dudas sobre cómo llegar al lugar al que se dirigían. Los dos afirmaron haber tenido la sensación de que el autor confeso de la muerte de cinco mujeres conocía la zona y que se desenvolvía con normalidad en su trato con prostitutas.

Una de estas visitas se produjo, según uno de los testimonios, entre marzo y abril de 1995. El joven que acompañó a Ferrándiz accedió a ello ya que pensó que, tras su estancia en prisión, el procesado necesitaba mantener relaciones sexuales. Al parecer, los servicios acordados finalizaron antes de lo previsto.

La segunda ocasión en la que Ferrándiz acudió acompañado fue entre septiembre y octubre de 1995. Entonces, el ahora acusado fue "directo" al lugar en el que se encontraba una prostituta que, según el testimonio de ayer, no era ninguna de las tres víctimas de Vora Riu. En este caso se dio un percance ya que, según dijo el compañero de Ferrándiz, la chica salió del coche gritando porque éste le pellizcaba el pecho y le hacía daño.

La policía dejó en libertad a Ferrándiz tras una agresión meses antes de la detención definitiva

VIENE DE LA PÁGINA 1 En la sesión de ayer quedó patente de nuevo la descoordinación policial en las investigaciones por los asesinatos de las cinco víctimas de Ferrándiz. Varios policías y guardias civiles han declarado en anteriores sesiones que casi no se revisaron las listas de ex presos en libertad condicional tras condenas por delito sexual u homicidio, en las que figuraba el propio acusado.

Como se recordó ayer en el juicio, en febrero del pasado año, cuando ya se habían descubierto los cinco cadáveres, la policía recibió una denuncia por agresión. Con la identificación del vehículo de Ferrándiz como autor de este supuesto ataque y conociendo sus antecedentes por agresión sexual, la policía decidió, no sólo dejarlo en libertad sino que ni siquiera se le tomó declaración por escrito cuando éste se presentó en la comisaría.


Según declararon dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, una llamada anónima el 15 de febrero avisó de que un hombre estaba pegando a una joven en la avenida de Almassora de Castellón. Al parecer, ambos estaban en el suelo, forcejeando y la joven pedía auxilio. Los policías indicaron también que un hombre y su hijo acudieron a socorrerla y que la chica aprovechó para huir. Los testigos dijeron entonces que la respuesta del atacante al ser recriminado por su acción fue: "Es una puta que me ha puesto los cuernos". Momentos después, el agresor abandonó el lugar en un coche que, por la matrícula, fue identificado por la propia policía como el de Ferrándiz. La víctima interpuso una denuncia, aunque luego no pudo reconocer al ahora acusado como el autor de la agresión. A ello se sumó que los testigos no declararon por escrito y no figuran en las diligencias policiales sobre el suceso. Así, al día siguiente del incidente, la policía fue a buscar a Ferrándiz quien, según su madre, se encontraba durmiendo, por lo que solicitaron su presentación en comisaría. Ferrándiz, al que se acusa también de asesinato en grado de tentativa por esta acción, llegó, solo y nervioso, a las dependencias judiciales, según los policías. Él mismo informó de sus antecedentes, aunque los agentes no comprobaron que se encontraba en libertad condicional. Tampoco contaban con ninguna orden de comunicar agresiones al grupo que investigaba los cinco asesinatos, entonces, sin resolver. El procesado lo negó todo: la agresión, el intento de meter a la chica en su vehículo e incluso el haberse encontrado con ella. Según indicaron ayer los policías que testificaron, su jefe decidió dejar a Ferrándiz en libertad sin tomarle declaración. La víctima que escapó del acusado en esa ocasión está llamada a declarar hoy en el juicio.

Cinco meses después de aquel incidente, Ferrándiz era definitivamente detenido tras auxiliar a otra joven a la que, según sostienen el fiscal y la Guardia Civil, él mismo provocó un accidente al deshinchar una rueda del vehículo siniestrado. En la sesión del juicio celebrada ayer también testificó la que fue novia de Ferrándiz durante ocho años. Durante el interrogatorio del fiscal, efectuado con excesivo recelo, la joven mantuvo que siempre vio al que llama Ximo como una persona "normal, cariñosa, detallista y muy meticulosa". La joven incluso mantuvo que tiene "el carácter más fuerte que él".

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo tras el testimonio del padre de Amelia Sandra García, una de las cinco víctimas. Al finalizar su intervención, el hombre se giró hacia el acusado y le espetó: "Hijo de puta, tú mataste a mi hija".

La joven que llevó al arresto de Ferrándiz sufrió un trauma al conocer sus crímenes

Joaquín Ferrándiz fue detenido en julio de 1998 después de que la Guardia Civil, que ya le seguía como sospechoso de asesinato, le sorprendiera deshinchando la rueda del coche de una joven, que a resultas de la maniobra sufrió un accidente, y a la que el hombre trasladó al hospital. Esta joven declaró ayer en el juicio a Ferrándiz, que se retomó en la Audiencia de Castellón, y aseguró estar viviendo un "trauma", que comenzó cuando se enteró de que el hombre que la había socorrido había confesado ser el asesino de cinco mujeres.Ferrándiz incluso llamó al hospital para enterarse del estado de la joven a la que había provocado el accidente (el modo operandis para acercarse a varias víctimas) y las madres de ambos tuvieron otra conversación. Una vez dada de alta, ella misma telefoneó el ahora acusado de una tentativa de asesinato contra ella para agradecerle su ayuda. Quince días después, Ferrándiz ingresó en prisión.

La policía descartó a Ferrándiz como autor de la muerte de las prostitutas de Vora Riu

El hecho de que las tres mujeres cuyos cadáveres se hallaron en Vora Riu fueran prostitutas y toxicómanas sirvió para que la policía descartara a Joaquín Ferrándiz como supuesto autor de estos crímenes, que confesó tras ser detenido. Un inspector de la Policía Nacional de Castellón declaró ayer en el juicio que Ferrándiz, acusado de asesinar a cinco mujeres, no daba el perfil de posible culpable. Su nombre figuraba en las listas de presos en libertad condicional tras una condena por delito sexual u homicidio pero "no se le investigó específicamente", dijo el testigo.


El agente mantuvo que, una vez hallados los cuerpos, entre enero y febrero de 1996, se solicitó la lista de los reclusos que se encontraban en libertad condicional y que habían sido condenados por delitos de agresión sexual, homicidio o asesinato. Ferrándiz se encontraba entre ellos puesto que disfrutaba de la condicional tras una agresión sexual cometida en 1989. El inspector declaró que el nombre de Joaquín Ferrándiz fue comentado pero "no se le investigó específicamente" ni en profundidad. El motivo, según afirmó, es que consideraron que no existían elementos de juicio para incluirlo en una lista más reducida de posibles sospechosos, es decir, que en él no se daba el perfil del presunto culpable. El inspector motivó también el descarte en que, entre los "cientos de declaraciones" de las compañeras que frecuentaban la misma zona de actuación que las tres víctimas, ninguna decía haber visto a Ferrándiz, aunque no logró recordar si a las mismas se les había mostrado alguna foto del sospechoso. El policía sí admitió que no se llegaron a solicitar los informes de los psicólogos que efectúan los técnicos en la cárcel, y que empezaron a realizar indagaciones, primero, entre los homicidas. Cuando se descubrieron los tres cadáveres de Vora Riu, entre enero y febrero de 1997, la Guardia Civil ya contaba con una lista en la que figuraba Ferrándiz y que fue solicitada con motivo de la desaparición, en julio de 1995, de Sonia Rubio, la primera de las víctimas de Ferrándiz. La Guardia Civil tampoco le investigó. Sin embargo, en el caso de Vora Riu se realizó una detención, que le costó a Claudio Alba, un camionero que siempre sostuvo su inocencia, seis meses de cárcel hasta que confesó Ferrándiz.

También declaró ayer una de las jóvenes que ejercía la prostitución en el mismo lugar que las tres fallecidas. Cuando el tribunal le preguntó si conocía al acusado, la testigo contestó que no le veía la cara, por lo que Ferrándiz alzó la cabeza para mirarla fijamente. La mujer aseguró que le "sonaba" mucho de haberlo visto por la carretera en la que se situaban las prostitutas, momento en el que el acusado negó con la cabeza. Esta misma testigo señaló, sin embargo, que no recordaba el color del coche en el que circulaba Ferrándiz.

Otra amiga de las tres desaparecidas de Vora Riu rompió a llorar cuando le mostraron prendas de ropa de las fallecidas, instante en el que Ferrándiz manifestó cierto nerviosismo que apaciguó meciéndose. Sin embargo, con la declaración de la madre de Mercedes Vélez, una de las tres mujeres de Vora Riu, el acusado comenzó a llorar. Mercedes conocía a la familia de Ferrándiz, quien tuvo problemas para sacar un pañuelo por las esposas.

Los amigos de Ferrándiz reconocen que no vieron en su vida nada anormal

La doble vida de Joaquín Ferrándiz, que está siendo juzgado en la Audiencia de Castellón por el asesinato de cinco mujeres, quedó ayer patente con el testimonio ante el tribunal de algunos de sus amigos, amigas y ex novias. Ximo, como conocían los testigos al procesado, destacaba en la pandilla por su protección a las chicas, a las que acompañaba por la noche hasta la puerta de sus casas. Ferrándiz incluso alteraba su propio itinerario para dejarlas en sus domicilios. Los amigos no vieron nada anormal en la vida de Ferrándiz.


Lo hacía de manera habitual. Primero dejaba a una y después a otra, tal como relató ayer durante su comparecencia en el juicio una de las chicas que salía con el mismo grupo que el acusado entre mayo de 1995 y septiembre de 1996, fechas en las que se produjeron las desapariciones de las cinco mujeres por cuyas muertes es juzgado. De hecho, su última novia fue recriminada en alguna ocasión por el propio Ferrándiz, tal como declaró ella misma ayer, cuando la sorprendió una noche regresando a su casa, sola y andando. "Nunca le tuve miedo", afirmó la testigo.Y es que Joaquín Ferrándiz, de 35 años, nunca se mostraba violento. Bien al contrario, atento, bondadoso, educado aunque, eso sí, introvertido, fueron los calificativos que ayer utilizaron quienes compartían con él las noches del fin de semana. De entre todas estas veladas, en las que el acusado era capaz de beber seis o siete "cubatas", aunque siempre sin perder el control, sólo recuerdan dos ocasiones en las que Joaquín perdiera la calma. Una de ellas, durante una discusión con un magrebí que, al parecer, molestó a una chica que el acusado conocía. Esta situación se produjo a la puerta de una discoteca a altas horas de la madrugada. La segunda ocasión, con uno de sus grandes amigos, al que asestó un puñetazo en la cara por haberle llamado "ignorante" en el transcurso de un juego de mesa de preguntas y respuestas. Esto ocurrió durante una Nochevieja, después de la ingesta de alcohol y, aproximadamente, a las cinco de la madrugada.

En una de las escasas ocasiones que, al parecer, Ferrándiz se "abrió" a uno de sus amigos, precisamente tras la pelea con el magrebí, el procesado confesó que "cuando perdía los estribos se descontrolaba y que se daba miedo a sí mismo". Aparte de esta "confesión", según el testigo, Joaquín Ferrándiz siempre se mostró ante sus amigos y allegados como un chico "normal", calificativo que ayer fue expuesto de forma continuada por los llamados a declarar. De hecho, los más cercanos al acusado y quienes sabían de sus antecedentes por agresión sexual aseguraron ayer que su anterior condena, impuesta en 1990, siempre había sido considerada como un "error judicial", dada su absoluta seguridad de la incapacidad de su amigo para llevar a cabo semejante acción. "El Joaquín que yo conocí era una persona normal", aseguró uno de sus más asiduos amigos. "Personalmente, me ha hecho mucho daño", dijo otro, mientras un tercero afirmó que incluso ahora le cuesta admitir la posibilidad de que Ferrándiz sea el autor de los cinco brutales crímenes que confesó tras su detención el año pasado.

El único hecho que, ahora, sí les llamaba la atención a todos ellos es que el acusado, a altas horas de la madrugada, decidiera permanecer en algún bar de forma solitaria, pero nunca les extrañó ya que era él mismo quien decía que quería "tomar otra copa" y bromeaba con ellos por su intención de finalizar la noche de fiesta con un "sois unos abuelos". La vista oral se retoma hoy con nuevos testigos.

El asesino de cinco mujeres en Castellón opta por no declarar en el juicio

Joaquín Ferrándiz Ventura se acogió ayer a su derecho a no declarar en el juicio que comenzó en Castellón por los asesinatos de cinco mujeres desaparecidas en 1995 y 1996, de los que se ha confesado autor. Sólo abandonó la postura en la que permaneció sentado toda la sesión, con los codos apoyados en las piernas, en dos ocasiones. La primera, cuando manifestó su disconformidad con el relato de los hechos efectuado por el fiscal y las acusaciones particulares, y la segunda, cuando entró a declarar la chica que salía con él entre junio y septiembre de 1995, durante el período en que cometió cuatro de los cinco crímenes. Con ella, Ferrándiz nunca se mostró agresivo.Las declaraciones de dos guardias civiles que comparecieron como testigos dejaron entrever la escasa vigilancia a la que son sometidos aquellos condenados por agresiones sexuales u homicidios que pasan a disfrutar los permisos de tercer grado o la libertad condicional, situación en que se encontraba Ferrándiz cuando cometió los cinco asesinatos. El argumento del fiscal va adquiriendo consistencia ya que considera que la administración no ejerció correctamente la vigilancia a la que debía estar sometido. Los guardias civiles dejaron constancia del prácticamente inexistente examen que se realiza de la lista de posibles sospechosos que, por norma, se solicita a las prisiones cuando se comete algún delito sexual, homicidio o asesinato, ante las muestras de reincidencia de los autores de este tipo de delitos.

Cuando se produjo la primera desaparición, la de la profesora de inglés Sonia Rubio, el 2 de julio de 1995, la Guardia Civil solicitó una lista de los presos condenados por agresión sexual u homicidio que se encontraban excarcelados ese día. Las prisiones de Picassent, en Valencia, la de Tarragona y la de Castellón remitieron la citada lista. En ella, se encontraba Joaquín Ferrándiz, quien había logrado la condicional tres meses antes. Sin embargo, el análisis de los tratados como "posibles sospechosos" no se efectuó, según se desprende de las declaraciones de los guardias civiles. Sólo un agente afirmó haber realizado alguna pesquisa.

El juicio al asesino de cinco mujeres revela que no se investiga a ex convictos por delito sexual

El juicio a Joaquín Ferrándiz Ventura, acusado de asesinar a cinco mujeres, arrancó ayer en la Audiencia de Castellón con la constatación de la escasa vigilancia a la que se somete a condenados por delitos sexuales u homicidios con permisos o en libertad condicional. Dos guardias civiles dejaron entrever que apenas se investigaron las listas de ex convictos en el caso de esta serie de asesinatos, lo que refuerza la postura del fiscal, que considera al Estado responsable civil subsidiario del caso por no vigilar a Ferrándiz, en libertad condicional cuando cometió los crímenes.


El fiscal afirma que la Administración no ejerció correctamente la vigilancia a la que debía estar sometido Ferrándiz al alcanzar la libertad condicional tras una condena por agresión sexual. Su tesis se vio ayer reforzada al dejar constancia dos guardias civiles que declararon ante el tribunal de que prácticamente no se examinan las listas de posibles sospechosos que, por norma, se solicitan a las prisiones cuando se comete algún delito sexual, homicidio o asesinato. Joaquín Ferrándiz, de 35 años, confesó tras su detención el año pasado que había asesinado a cinco mujeres desaparecidas entre julio de 1995 y septiembre de 1996. Cuando se produjo la primera desaparición, la de la profesora de inglés Sonia Rubio, el 2 de julio de 1995, la Guardia Civil solicitó una lista de los presos condenados por agresión sexual u homicidio que se encontraban excarcelados ese mismo día en la provincia de Castellón y las colindantes. Las prisiones de Picassent (Valencia), Tarragona y Castellón remitieron la citada lista. En ella, se encontraba Joaquín Ferrándiz, quien había logrado la libertad condicional hacía tres meses y después de más de cinco años en la cárcel al haber sido condenado por agresión sexual en 1989.

Sin embargo, los análisis de los tratados como "posibles sospechosos" no se efectuaron, según se desprende de las declaraciones de los guardias civiles. Sólo un agente afirmó haber realizado alguna pesquisa entre los condenados por homicidio. En ningún momento se puso en contacto con la comisión de seguimiento encargada de los exámenes psicológicos y la vigilancia tutelada de los condenados en libertad condicional. El propio agente aseguró que no existen unas instrucciones determinadas sobre el examen de estos listados y que, puesto que fue relevado al poco tiempo, ni siquiera acabó el de los homicidas. El testimonio de otro guardia civil fue todavía más elocuente, ya que afirmó que la relación de nombres es tan amplia que, habitualmente, se queda en el cajón de algún despacho.

Los testigos citados ayer fueron los únicos que declararon ante el tribunal, puesto que Joaquín Ferrándiz se acogió a su derecho a no hacerlo. Sí manifestó que no está conforme con el relato de los hechos del fiscal y las acusaciones particulares, que piden por los cinco asesinatos 163 años de prisión y 140 millones de pesetas de indemnización. Luego añadió que acepta el relato de su abogada y cerró su corta intervención: "No voy a contestar a ninguna pregunta más". En el escrito de su defensa se dice, por ejemplo para el caso de Sonia Rubio, que "una sensación de pánico se apoderó de él", que "estaba desesperado" por los gritos de su víctima y que cuando calló, una vez muerta, sintió una "sensación de tranquilidad". Los forenses deberán aclarar en el juicio si Ferrándiz era o no consciente de sus actos.

Sensación de odio

Ante su negativa a declarar, se leyeron los interrogatorios a Ferrándiz tras su detención. En ellos se pone de manifiesto la evolución del acusado, quien comenzó asegurando que le aterraría "la idea de haber matado", luego no recordaba nada y acabó aportando detalles sobre los crímenes. "Me siento aterrorizado", "todo parece un sueño", una "sensación de odio" le dominaba, explicó él mismo.

El procesado permaneció sentado toda la sesión, con los codos apoyados en las piernas. Sólo se levanto para decir que no no iba a declarar y, cuando entró, citada como testigo, la joven que salió con él entre junio y septiembre de 1995, es decir, durante el periodo en el que cometió cuatro de los cinco crímenes. Con ella, Ferrándiz nunca se mostró agresivo, dijo la testigo, que le calificó como un chico "normal y corriente".

Otro de los testimonios aportados ayer fue el de uno de los guardias civiles que participó en el seguimiento a Ferrándiz desde febrero hasta julio de 1998, cuando fue detenido. Las pesquisas se estaban centrando en el procesado a raíz de otro intento de agresión y el seguimiento permitió conocer su forma de actuar. Ferrándiz se ofreció a varias de sus víctimas para llevarlas a casa tras una salida nocturna, luego se desvió de su camino y las estranguló. La Guardia Civil pudo comprobar durante el seguimiento que incluso desinfló la rueda de una posible víctima para que tuviera que pedirle ayuda. El investigador calificó al acusado de "tremendamente cuidadoso", en especial con su vehículo, y "ordenado". También mantuvo que el caso de Sonia Rubio le había "afectado" más que los otros asesinatos y que durante la reconstrucción de los hechos "no vaciló" ni dudó al marcar los lugares en los que fueron encontrados los cadáveres de la profesora; Amelia Sandra García Costa (en una balsa de Onda), y Mercedes Vélez Ayala, Natalia Archelós Olaria y Francisco Salas León, halladas muertas en el llamado camino de Vora-riu, en Vila-real.

El juicio continúa hoy con nuevos testimonios.