La Audiencia de Castellón inicia hoy el juicio al asesino confeso de cinco mujeres

La Audiencia de Castellón inicia hoy el juicio a Joaquín Ferrándiz Ventura, acusado de asesinar a cinco mujeres entre julio de 1995 y septiembre de 1996. Ferrándiz, de 36 años, considerado por la Guardia Civil el mayor asesino en serie de la reciente historia criminológica española, confesó los asesinatos a raíz de su detención en julio de 1998. Entre las víctimas (todas de entre 20 y 30 años y de la provincia de Castellón) figuran tres prostitutas cuyos cadáveres se descubrieron junto a un río cerca de Vila-real. Por las muertes de estas tres mujeres, Mercedes Vélez Ayala, Natalia Archelós Olaria y Francisca Salas León, estuvo procesado y en prisión un camionero al que se exculpó cuando Ferrándiz confesó. La primera víctima del acusado fue la profesora de inglés Sonia Rubio Arrufat, cuyo cuerpo fue hallado en un barranco en Oropesa, y la última Amelia Sandra García Costa, encontrada muerta en una balsa de Onda.Frío y calculador, los peritos y forenses que han analizado su conducta consideran a Ferrándiz un psicópata. El procesado, que hasta su detención trabajaba en una compañía de seguros, se ofreció a varias víctimas, como fue el caso de Sonia Rubio, para llevarlas en coche a casa tras sus salidas nocturnas; luego se desviaba de su camino, las estrangulaba y les rompía la ropa interior con una navaja.

Para el juicio, que ha levantado una gran expectación en Castellón, han sido citados un centenar de testigos y se han establecido medidas de seguridad especiales. El fiscal y las acusaciones particulares piden 163 años de prisión y hasta 140 millones de pesetas de indemnización para los familiares de las víctimas.

El fiscal, además, ha solicitado que se declare responsable civil subsidiario al Estado en caso de condena, ya que Ferrándiz estaba en libertad condicional cuando cometió los cinco crímenes tras cumplir parte de una condena por agresión sexual. La Fiscalía argumenta que no se estableció el debido control o vigilancia sobre Ferrándiz.

En principio, el acusado no tiene previsto contestar a las preguntas de las partes. Su abogada solicita para él 10 años de prisión y que se le someta a un tratamiento médico.

La Audiencia de Castellón juzga hoy al asesino de cinco mujeres

La Audiencia de Castellón inicia hoy el juicio a Joaquín Ferrándiz Ventura, acusado de asesinar a cinco mujeres entre julio de 1995 y septiembre de 1996. Ferrándiz, de 36 años, considerado por la Guardia Civil el mayor asesino en serie de la reciente historia criminológica española, confesó los asesinatos a raíz de su detención en julio de 1998. Entre las víctimas (todas de entre 20 y 30 años y de la provincia de Castellón) figuran tres prostitutas cuyos cadáveres se descubrieron junto a un río cerca de Vila-real. Por estas muertes estuvo procesado y en prisión un camionero al que se exculpó cuando Ferrándiz confesó. Frío y calculador, los peritos consideran que Ferrándiz es un psicópata. El procesado se ofreció a varias víctimas para llevarlas en coche a casa tras sus salidas nocturnas; luego se desviaba de su camino, las estrangulaba y les rompía la ropa interior con una navaja. Para el juicio, que ha levantado una gran expectación en Castellón, han sido citados un centenar de testigos. El fiscal y las acusaciones particulares piden 163 años de prisión. El fiscal, además, ha solicitado que se declare responsable civil subsidiario al Estado, ya que Ferrándiz estaba en libertad condicional cuando cometió los crímenes tras cumplir parte de una condena por agresión sexual.

La defensa pide 10 años de cárcel para el acusado de cinco crímenes en Castellón

La abogada Rosa Edo, que defiende a Joaquín Ferrándiz, el supuesto asesino en serie de Castellón que se confesó autor de cinco crímenes, solicita en su escrito de calificación provisional un total de 10 años y seis meses de prisión y un programa de tratamiento adecuado a las características del procesado ya que, según los psicólogos que le trataron, sufre una personalidad psicopática. El juicio se celebrará previsiblemente en septiembre. Edo considera a Ferrándiz culpable del homicidio imprudente de Sonia Rubio y de los homicidios de Natalia Archelós, Francisca Sales, Mercedes Velez y Amelia Sandra García. Todas ellas murieron a partir de julio de 1995, cuando el acusado se encontraba en libertad condicional tras cumplir condena por una agresión sexual. La defensa de Ferrándiz pedirá, sin embargo, la absolución por dos agresiones de febrero y julio de 1998, poco antes de que fuera detenido Ferrándiz, al considerar que la acción del acusado no fue delictiva. A las peticiones de pena por los cinco delitos de los que se manifestó autor el acusado, la abogada pide que se aplique la eximente incompleta de enfermedad mental y las atenuantes de embriaguez y confesión, ya que Ferrándiz se declaró autor de los cinco crímenes y colaboró para esclarecer los hechos, una vez detenido. El relato de los hechos más extenso es el del 2 de julio de 1995, fecha en la que se produjo la muerte de Sonia Rubio. Así, indica que Ferrándiz, que no conocía a la víctima, la recogió en la Gran Avenida de Benicàssim para llevarla a su domicilio, también desconocido para él. Ferrándiz se pasó de la calle en la que vivía Sonia y ésta comenzó a gritar. "Una sensación de pánico se apoderó de él", según el texto, ya que pensó que, por su libertad condicional, "estaría acabado". El relato explica que Ferrándiz usó la cinta aislante que portaba en la guantera para amordazar a Sonia Rubio. "Sus gritos seguían clavándose en la cabeza de Joaquín", señala el escrito, para después describir cómo la chica, maniatada y amordazada, cayó al suelo, golpeándose en la cabeza, fue arrastrada hasta el terraplén en el que fue hallado su cadáver, donde Ferrándiz se dio cuenta de que estaba muerta. Sólo en el caso de Amelia Sandra García se admite la existencia de relaciones sexuales y, según la defensa, fue ella quien tomó la iniciativa para mantenerlas. En el caso de las tres prostitutas de Vora Riu, éstas ofrecieron sus servicios aunque en ningún caso fueron consumados, en opinión de la defensa.

El "asesino del tren" se entrega gracias a la mediación de su familia

Rafael Resendez Ramírez, el fugitivo acusado de ocho asesinatos en tres Estados norteamericanos y cuyo nombre figuraba en la lista de los 10 delincuentes más buscados del FBI, se entregó ayer a la policía en El Paso, Texas. En una escena tan de película como la agitada vida que ha llevado, Resendez Ramírez cruzó el puente sobre el Río Grande en la frontera de Ysleta y llegó hasta donde se encontraba Drew Carter, sargento de los ranger de Tejas. Ramírez extendió su mano y Carter se la dio. Después fue esposado.

"Estaba muy simpático, nada agresivo", según un portavoz policial que había hablado con el sargento. Ramírez -alias José Angel Mangele, Antonio Ramírez y una veintena más de nombres, aunque en realidad se llama Angel Leoncio Reyes Recendis-, de 39 años y nacido en Puebla (México), vestía pantalón vaquero y camisa de rayas, llevaba gafas y estaba recién afeitado. Compareció ante un magistrado en El Paso, que le preguntó si quería escuchar las acusaciones en inglés o en español: "Lo que sea", respondió.

El FBI había lanzado una auténtica caza al hombre después de saber que el pasado 2 de junio Ramírez fue detenido por la policía de fronteras cuando intentaba entrar ilegalmente en EEUU y devuelto a México por error. El ridículo de lo ocurrido encendió el celo policial, pero no fue el cerco lo que dio frutos, sino la familia del propio Ramírez, probablemente por indicación del fugitivo, cansado de huir.

La hermana de Ramírez, que vive en Albuquerque (Nuevo México), llamó el domingo a Carter -con el que se había entrevistado hace varias semanas-, y le dijo que había estado en contacto con su hermano a través de un intermediario. Después de tres días de negociaciones muy tensas, Ramírez aceptó entregarse, pero sólo a un ranger de Texas. Los ranger, un cuerpo de élite, tienen sólo 107 miembros y su origen se remonta a 1823, cuando Texas pertenecía a México.El pasado criminal de Ramírez se remonta 20 años atrás, diez de los cuales ya los ha pasado entre rejas. Está acusado de cometer cinco asesinatos en Texas, dos en Illinois y uno en Kentucky, y la policía asegura que Ramírez cuenta con pruebas ADN, huellas y propiedades robadas de las ocho víctimas. El único elemento común de los ocho es que vivían cerca de vías de ferrocarril, lo que permitió a los medios, que han seguido con pasión la cacería humana, bautizar a Ramírez como el asesino del tren.

Sin pistas sobre el "asesino del tren"

El FBI lo llama Operación Parar el Tren, otorgando a la caza humana un tinte peliculero. Tratan de capturar a un tal Rafael Resendez Ramírez, alias José Ángel Mangele, o Antonio Martínez, o 28 nombres más con los que se ha paseado por Estados Unidos en un viaje sanguinario que los programas informativos siguen con devoción apasionada. "Cierren bien las puertas y ventanas", recomiendan los presentadores a los habitantes de los lugares en los que alguien cree haber visto a Ramírez. Al último asesino en serie de la factoría americana se le conoce como el asesino del tren: durante 20 años ha recorrido el país de punta a punta agazapado en los vagones de mercancías. Se ha movido siempre por los alrededores de las estaciones o de las ciudades atravesadas por las vías. Los ocho asesinatos que la policía le atribuye fueron cometidos siempre a pocos metros de un carril de tren.

Ahora, Ramírez se codea con Usama Bin Laden en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI, en la que es el autor del mayor número de crímenes en suelo norteamericano.

En los carteles, el FBI informa: "Debe ser considerado armado y sumamente peligroso", y lo advierte así, en español, porque lo poco que saben es que nació en Puebla (México), que no pasa de 1,70 metros de estatura y que se hace pasar por "jornalero y obrero migratorio". Trabajador ilegal, por decirlo sin eufemismos.

La policía no tiene pistas y, lo que es peor, según los expertos, no sabe por qué mata: no hay motivos, no roba y no escoge a sus víctimas por edad o por condición. El doctor Ronald Weiner, experto en criminología de la American University, ha explicado a este periódico que los asesinos en serie se dividen entre "misionarios y depredadores: los primeros dejan su firma en el crimen, pero los otros matan sin normas y están siempre a la caza", dice Weiner.

Asegura la policía que Ramírez está a punto de volver a matar, pero a esa conclusión han llegado más por lógica que por pericia: el asesino ha cometido sus últimos crímenes a razón de uno por mes, con una cadencia uniforme. Pagan 125.000 dólares (20 millones de pesetas) a quien pueda dar una pista sobre su paradero.

De momento, sólo hay un hilo del que tirar. Ramírez pudo haber cometido el error que la policía espera en un caso como éste: se comunicó con familiares que residen en Lexington (Kentucky), que luego dieron "información importante" a la policía. "¿Está localizado?", preguntó un periodista al portavoz del FBI. "Está en algún lugar de EE UU, Canadá o México", respondió el agente, sin ánimo de hacer un chiste.

De sus crímenes se relatan los detalles más insanos: a una profesora de Houston la mató a golpes con una piedra junto a la vía del tren; otra víctima en ese Estado fue asesinada con un picador de hielo, y a una pareja que residía junto a la estación la mató de disparos en la cabeza mientras dormía en su habitación. Uno de los casos es especialmente sádico: una mujer fue pateada, apuñalada y violada, felonías cometidas en ese orden. La policía recuerda constantemente que hay otra víctima que también fue violada después de haber sido asesinada.

Lo que más irrita al FBI es que Ramírez deja huellas de elefante en los lugares del delito. Los investigadores más reputados dicen que ahí radica el error de la policía: a un asesino en serie no se le captura por las pistas que deja, sino por la personalidad que muestra. Por eso, Clarice Starling / Jodie Foster tiene que pedir consejo a Hannibal Lecter/ Anthony Hopkins para capturar a su asesino en serie.

La televisión está mostrando ahora el mismo entusiasmo que el público apuntó por El silencio de los corderos o por Seven. La fascinación que aquí se siente por relatos como el de Ramírez tiene su lógica, según el criminólogo Ronald Weiner: "La cultura americana es fundamentalmente violenta. Este país se fundó con violencia y se formó con violencia, y por eso nos atrae". Según Weiner, a los norteamericanos les fascinan los criminales y los crímenes: "Los asesinos en serie son como el tiburón blanco, porque te aterrorizan, pero al mismo tiempo te sientes atraído por el increíble poder de la bestia".

El FBI dice que Ramírez les lleva "cuatro días de ventaja", y reconocen que ahora mismo lo único que pueden hacer es lo mismo que los presentadores de televisión: recomendar a la gente que cierre bien las puertas y ventanas.

La fiscalía mantiene que el Estado debe responder por de los cinco crímenes de Ferrándiz en Castellón

Juan Salom, el fiscal que instruye el caso de Joaquín Ferrándiz Ventura, presunto autor de la muerte de cinco mujeres, cuyos asesinatos se cometieron en Castellón, reiteró ayer que el Estado debería responder como responsable civil subsidiario, puesto que Ferrándiz se encontraba en libertad condicional cuando ejecutó las muertes. Salom, que entiende que la personación del Estado debe mantenerse en la vía penal y no en la administrativa, apuntó que fue el Estado el que creó el riesgo de dejar a Ferrándiz en libertad condicional y que no le sometió a un control eficaz. El presunto autor de los crímenes fue condenado en noviembre del año 1991 por una agresión sexual. La libertad condicional le llegó en abril de 1995, pocos meses antes de que se iniciara la ola de asesinatos que conmocionó a la sociedad castellonense. Ayer, la sección primera de la Audiencia de Castellón albergó la vista oral del recurso presentado por el abogado del Estado, Manuel Breva, sobre la petición del fiscal, apoyada por el juez, de declarar al Estado responsable civil subsidiario de los crímenes. El fiscal pretende que, si la sentencia es condenatoria, sea el Estado quien pague las indemnizaciones a las familias de las víctimas puesto que Ferrándiz será declarado insolvente. La petición del fiscal para el presunto asesino es de 163 años de prisión y de un total de más de 140 millones de pesetas de indemnización. "En cuatro años nos enteramos únicamente de lo que él quería que nos enteráramos, con lo que fueron cuatro años de pretendida vigilancia", señaló Salom. Los controles a los que fue sometido Joaquín Ferrándiz durante el tiempo que permaneció en libertad condicional fueron los que habitualmente realiza Instituciones Penitenciarias. El presunto asesino en serie de Castellón fue sometido a informes psicológicos que, en todo momento, indicaron su integración en la sociedad y la "normalidad" de su vida. Por su parte, el abogado del Estado se basó, en todo momento, en que el Estado nunca ha sido declarado como responsable civil por la vía penal y que, en cualquier caso, éste sólo debe responder de los delitos cometidos por funcionarios en establecimientos públicos.

Las forenses confirman que los supuestos asesinatos de El Lejía fueron "a traición"

Los brutales asesinatos de Félix Cabanas, de 39 años; Ángel Gómez, de 65, y Manuel López, de 43, que fueron hallados en Nerva (Huelva) con la cabeza abierta a golpes entre los días 16 y 18 de noviembre de 1997, se cometieron a traición, sin que las víctimas opusieran resistencia a su agresor. Así lo confirmaron las dos médicos forenses que declararon ayer ante el jurado popular que deliberará sobre la culpabilidad o inocencia de Francisco Javier González Rodríguez El Lejía, de 27 años, único acusado del triple crimen.

Las forenses le aseguraron al fiscal Francisco Ontiveros que los tres cadáveres presentaban traumatismos craneoencefálicos, como consecuencia de los brutales golpes recibidos en la cabeza con objetos contundentes. Además, una de las víctimas, Manuel López, un chatarrero de la localidad minera, "tenía el cráneo aplastado" después de que el agresor le rematara tirándole con fuerza una batería de automóvil a la cabeza. Las forenses, que declararon durante casi una hora, negaron en todo momento que las víctimas presentaran en el cuerpo "señales de lucha o de defensa". El jurado popular, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, pudo ver el resto de las armas utilizadas por el presunto asesino, como una barra de hierro y una llave de grifa, además de un conjunto de fotografías de las autopsias. Durante el breve interrogatorio del letrado de la defensa, Carlos Palomar, a las médicos, éstas dejaron claro que los asesinatos podrían haber sido cometidos por varias personas. No obstante, El Lejía reconoció anteriormente en cuatro ocasiones, ante la jueza de Valverde del Camino (Huelva), su implicación en los crímenes. Por otro lado, los estudios de psiquiatría practicados sobre el acusado desprenden que El Lejía "es una persona normal, que no padece ninguna enfermedad mental o trastorno", según las forenses, que explicaron que el joven tiene antecedentes de drogodependencia, lo que le creaba "un leve síndrome de abstinencia".